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La jornada electoral arrancó con puertas cerradas, mesas vacías y ciudadanos esperando sin respuestas. En medio del caos, un nombre comenzó a repetirse: Servicios Generales Galaga, la empresa señalada por la ONPE como responsable del retraso en la entrega del material electoral.

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Desde las 7 de la mañana, hora oficial de apertura, varios locales en Lima —especialmente en el sur— no pudieron iniciar funciones. El problema no era menor: no había ánforas, cédulas ni equipos para comenzar la votación.

Galaga hizo una convocatoria para alquilar unidades para trasladar material electoral.
Galaga hizo una convocatoria para alquilar unidades para trasladar material electoral.

El malestar creció con el paso de las horas. En distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, 75 centros educativos resultaron afectados directamente por la demora, aunque también se reportaron problemas en Surco, San Borja y Miraflores.

Frente a la situación, la ONPE emitió un comunicado en el que apuntó directamente a Galaga. Según la entidad, la empresa incumplió con el traslado del material electoral, obligando a activar un plan de contingencia.

¿QUIÉN ES GALAGA?

Detrás del nombre hay una empresa fundada en marzo de 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien actualmente se desempeña como gerente general. Se presenta como una compañía especializada en logística y transporte, con más de 10 años de experiencia.

Su sede se ubica en San Juan de Lurigancho y, según registros, cuenta con 13 trabajadores en planilla. Entre sus servicios figuran el transporte de carga, traslado de equipos tecnológicos, distribución y almacenaje.

Pese a ese perfil, fue la elegida por la ONPE para una tarea clave: el despliegue y repliegue del material electoral a nivel nacional. El contrato, adjudicado el 9 de marzo, asciende a más de 6 millones de soles.

Además, la empresa acumula más de 36 millones de soles en contratos con el Estado desde 2018, incluyendo acuerdos con el Ministerio de Vivienda, Cenares, la Municipalidad de Lima y la Diris Lima Sur.

Sin embargo, no es ajena a cuestionamientos. Entre 2020 y 2023, la ONPE le impuso tres penalidades por incumplimientos, que en conjunto superan los 64 mil soles.

Esta es la convocatoria que hizo Galaga hace una semana en LinkedIn.
Esta es la convocatoria que hizo Galaga hace una semana en LinkedIn.

FALLAS, RETRASOS Y CUESTIONAMIENTOS

Las dudas sobre su capacidad ya habían sido advertidas. Según la Contraloría, la empresa no contaba con suficientes vehículos para cumplir con el traslado del material electoral.

Incluso, se detectó la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato. En algunos casos, los vehículos no correspondían a los estándares exigidos.

A esto se suman otros hallazgos: material mal embalado, asignación incorrecta de equipos tecnológicos y unidades que operaban fuera de las rutas previstas.

Un dato que llamó la atención fue una convocatoria realizada por la propia empresa días antes de las elecciones, buscando alquilar 400 unidades tipo furgón para el proceso. Todo apunta a que no logró cubrir esa necesidad.

Más de 63 mil peruanos se quedaron sin ejercer su voto.  Foto GEC
Más de 63 mil peruanos se quedaron sin ejercer su voto. Foto GEC

Según fuentes, Galaga debía cumplir con dos turnos de transporte, pero solo ejecutó el primero. El segundo no se concretó, lo que obligó a la ONPE a buscar alternativas de último momento, incluso intentando recurrir a taxis sin éxito.

Las consecuencias fueron visibles. En algunos locales, las furgonetas de la empresa recién llegaron cerca de las 10 de la mañana, cuando la jornada ya debía estar en marcha.

El impacto alcanzó a 211 mesas que no pudieron instalarse a nivel nacional, afectando a miles de electores que no lograron votar.

Mientras tanto, la ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa por el incumplimiento del contrato.

Por su parte, el gerente de Galaga evitó asumir responsabilidades. “Eso tendrá que demostrarse”, señaló, indicando que no se pronunciará hasta que avancen las investigaciones.

Así, en medio de una jornada marcada por retrasos y reclamos, Galaga quedó en el centro de la polémica. Una empresa con experiencia y contratos millonarios que ahora enfrenta cuestionamientos por su rol en un proceso clave para el país.

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