Se limpian de culpa. En medio de los cuestionamientos por el caos electoral, la empresa Servicios Generales Galaga SAC, señalada como responsable difundió un comunicado en el que rechazó su presunta responsabilidad en las fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, una fecha que dejó mesas sin instalar y miles de ciudadanos sin votar.
La empresa aseguró que cumplió “estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia” del contrato suscrito con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), marcando distancia de las versiones que la señalan.
Según precisó, el servicio de transporte del material electoral fue ejecutado conforme a los cronogramas y requerimientos establecidos por la propia ONPE, en un proceso que —afirman— dependía de la coordinación y condiciones definidas por la entidad electoral.
En ese contexto, la compañía sostuvo que las demoras registradas en la etapa final no responden a incumplimientos de su parte. “Las demoras no responden a nuestra responsabilidad operativa, sino a factores ajenos”, indicó en su pronunciamiento.
El comunicado también apuntó directamente contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. La empresa cuestionó sus declaraciones, al considerar que han afectado su imagen sin un análisis previo de lo ocurrido.
“En ese sentido, consideramos que las declaraciones emitidas por el titular de la ONPE a través de diversos medios de comunicación han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio”, destacó.
Para Galaga, las afirmaciones del titular del organismo electoral generaron un impacto negativo en su reputación institucional, en medio de un escenario aún bajo investigación.
Por ello, la compañía fue más allá y exigió una respuesta. Solicitó a la ONPE que emita las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados.
“Solicitamos que la [ONPE], en su calidad de máximo ente en materia electoral operativa, disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional”, remarcó.
Mientras tanto, desde la ONPE se había señalado que la empresa no contó con la cantidad requerida de vehículos para cumplir con el traslado del material electoral, lo que habría generado retrasos en la entrega.
La tensión entre ambas partes se incrementa en paralelo al anuncio de acciones legales y penales que la entidad electoral evalúa iniciar contra la empresa encargada del servicio.
En medio de este cruce de versiones, Galaga aseguró que ya entregó toda la documentación relacionada con el contrato a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.
La entrega se realizó en presencia de representantes del Ministerio Público, como parte de las investigaciones en curso por las fallas que marcaron el proceso electoral.
La empresa afirmó que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, incluyendo al Jurado Nacional de Elecciones.
El caso se da en un contexto de cuestionamientos generalizados por la distribución del material electoral, que provocó retrasos en la instalación de mesas en distintos puntos del país.
Así, mientras la ONPE apunta responsabilidades y evalúa acciones legales, la empresa responde con firmeza y pide disculpas públicas. Dos versiones enfrentadas en medio de una crisis que aún no termina de esclarecerse.
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