En medio del caos electoral que dejó mesas sin instalar y miles de ciudadanos sin votar, el gerente de la empresa señalada por la ONPE decidió hablar. No para aclarar, sino para marcar distancia. “Eso tendrá que demostrarse”, dijo, cuando las miradas ya estaban sobre su compañía.
Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Servicios Generales Galaga, apareció en escena tras los cuestionamientos por la falta de material electoral en distintos puntos del país. Su respuesta fue breve, medida, y cargada de cautela.
El contexto no era menor. Según informó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, un total de 211 mesas no pudieron instalarse a nivel nacional debido a fallas en la distribución del material electoral. La crisis golpeó con más fuerza en Lima Sur.
Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores concentraron los problemas. En total, 15 locales no recibieron a tiempo los documentos necesarios para el proceso. Siete en Lurín, cinco en Pachacámac y tres en San Juan de Miraflores.
Las consecuencias fueron inmediatas. Ciudadanos sin poder votar, largas esperas y una jornada que tuvo que extenderse. En ese escenario, la responsabilidad apuntó directamente a la empresa encargada del traslado.
Consultado por estas acusaciones, Alvarado optó por no dar una respuesta definitiva. “Por el momento voy a guardar silencio”, señaló en un primer momento, dejando en claro que no asumiría una posición inmediata.
Sin embargo, al ser informado de que la ONPE ya lo había señalado públicamente como presunto responsable, su postura se endureció. “Bueno, eso tendría que demostrarse. Yo no le puedo decir si soy responsable o no soy responsable”, afirmó.
El gerente insistió en que esperará los pronunciamientos oficiales antes de dar una versión más concreta. “Voy a guardar silencio y voy a esperar a ver cómo se mueve esto”, agregó, evitando confirmar o descartar cualquier responsabilidad.
Sus declaraciones se dieron en medio de entrevistas con medios de comunicación, donde reiteró que los hechos deben ser esclarecidos antes de emitir una conclusión. La estrategia: no adelantar juicios en un escenario aún abierto.
Mientras tanto, desde la ONPE se mantiene la posición. Piero Corvetto responsabilizó a la empresa por las fallas logísticas que afectaron el desarrollo de la jornada electoral y el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Pero el caso no solo se limita a lo ocurrido en estas elecciones. La empresa Servicios Generales Galaga arrastra antecedentes que hoy vuelven a ser puestos bajo la lupa.
Entre 2020 y 2023, la compañía fue sancionada en al menos tres ocasiones por la propia ONPE, precisamente por incumplimientos relacionados con el transporte de material electoral.
La primera sanción se registró en julio de 2020, tras un contrato para el despliegue de material en elecciones congresales extraordinarias. La penalidad ascendió a S/ 55.900,00 por retrasos injustificados.
Luego, en enero de 2023, se aplicó una segunda penalidad por incumplimientos en el transporte de carga electoral durante elecciones regionales y municipales. En ese caso, la sanción fue de S/ 1.330,71.
Ese mismo año, en septiembre, se sumó una tercera sanción vinculada a un contrato para comicios municipales complementarios. La empresa fue penalizada con S/ 6.803,17 por incumplimientos en el servicio.
Pese a estos antecedentes, la empresa continuó siendo contratada por la ONPE en distintos procesos entre 2020 y 2023. Hoy, tras el nuevo incidente, esa continuidad vuelve a generar cuestionamientos.
Así, mientras el país intenta cerrar una jornada electoral marcada por fallas y retrasos, las responsabilidades siguen en disputa. De un lado, la ONPE apunta. Del otro, la empresa responde con cautela. Y en el medio, miles de votos que no pudieron emitirse.
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