La advertencia estaba hecha. Estaba escrita. Y tenía fecha. Pero no se corrigió. Semanas antes de la jornada electoral, un informe ya alertaba sobre fallas en el servicio que terminaría siendo clave en el desarrollo del proceso.
El documento fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, en el marco del control concurrente a las Elecciones Generales 2026.
El informe identificó una situación adversa en la contratación del servicio de transporte del material electoral. El problema era puntual, pero grave: el proveedor no acreditó la experiencia específica exigida para sus conductores.
Los términos de referencia eran claros. Se requería que los choferes tengan al menos un año de experiencia en el manejo de camiones tipo furgón u otros vehículos de categoría superior. Sin embargo, la documentación presentada no cumplía ese requisito.
Aunque los 70 conductores consignados sí acreditaban experiencia laboral, no se especificaba que esta fuera en el manejo de unidades de carga pesada. Un detalle técnico que terminó siendo determinante.
El hallazgo no fue menor. El informe concluyó que esta omisión implicaba un riesgo directo en la operatividad del transporte durante el despliegue y repliegue del material electoral.
La advertencia fue comunicada. El 20 de marzo, el OCI recomendó al jefe de la ONPE adoptar medidas correctivas inmediatas para evitar problemas en la ejecución del servicio.
Incluso se estableció un plazo máximo de dos días hábiles para que la entidad informe sobre las acciones tomadas. La urgencia estaba marcada. El riesgo también.
Pero las observaciones no fueron subsanadas de manera integral. Así lo señaló la Contraloría, que advirtió que las inconsistencias persistieron pese a la respuesta remitida por la ONPE.
El problema no solo estaba en la experiencia de los conductores. También se detectó una posible insuficiencia en la flota de vehículos, lo que ponía en riesgo la distribución del material electoral.
Lo que estaba en el papel terminó reflejándose en la realidad. Durante la jornada electoral, se registraron retrasos en la salida de vehículos desde los centros de distribución, algunos con demoras de hasta tres horas.
También se detectaron errores en la asignación del material. Paquetes que debían llegar a un distrito fueron enviados a otro, generando una cadena de retrasos en la entrega final.
En algunos casos, el material electoral llegó hasta 26 horas después de lo previsto. En otros, simplemente no llegó a tiempo, impidiendo la instalación de mesas de votación.
Las consecuencias fueron visibles. Locales cerrados, largas colas y ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto. Un escenario que ya había sido advertido.
La Contraloría continúa evaluando tanto el proceso de contratación como la ejecución del servicio y la actuación de los funcionarios involucrados.
El informe final será remitido a las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, para determinar responsabilidades en un caso que pasó de advertencia técnica a crisis electoral.
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