El exprocurador manifestó que el futuro gobierno, que asumirá funciones el 28 de julio, día central del Bicentenario, debe enfrentar este problema basándose en estos ejes: la prevención y la lucha contra la impunidad (por lo que debería fortalecer a la Controlaría y al sistema de Justicia) y aplicar la política de integridad y lucha anticorrupción vigentes.

“Llevar a la práctica la política nacional de integridad de lucha contra la corrupción actualmente vigente. Promover mecanismos de integridad en todo el Estado y combatir a los lobbies que hacen prevalecer intereses privados sobre los públicos, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Acabar con la puerta giratoria, no sólo en la contratación de funcionarios sino también en la adquisición de bienes y servicios. Aplicar los principios de eficiencia, transparencia, mérito, equidad y aptitud; acabar con la evasión y el fraude tributario poniendo por encima el interés público sobre el privado; enfrentar decididamente el lavado activos, en particular el derivado del comercio ilegal de fármacos”, manifestó.

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Por su parte, Víctor Cubas, exfiscal supremo, señaló que el nuevo Ejecutivo debería procurar un mejor presupuesto para el , con la finalidad de acelerar y asegurar la realización de sus investigaciones, siempre dentro del respeto a la separación de poderes.

“Lo primero que tiene que hacer es asignar el presupuesto necesario para que el Ministerio Público pueda adelantar las investigaciones por estos casos, teniendo en cuenta que la realización de las mismas demanda determinados costos, sobre todo en peritos, en apoyo técnico, en apoyo en personal, del que ahora se está careciendo”, sostuvo.

MÁS OPINIONES

Mientras que el profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, José Alejandro Godoy, dijo que el del próximo gobierno en la lucha contra la corrupción debe ser principalmente preventivo, por lo que podría replantear el sentido de las contrataciones del Estado y hacerlas más eficientes y colocar los candados correspondientes para reducir las irregularidades.

“Tener correcciones, por ejemplo, a la ley general de contrataciones. Tener probablemente, dentro de la misma algunas, salvaguardas para casos de esta pandemia y de una futura pandemia; y a partir de allí tejer, básicamente, un nuevo sentido de la contratación estatal que permita de un lado obtener bienes y servicios en forma mucho más rápida y al mismo tiempo colocar los candados institucionales imprescindibles para casos de corrupción”, acotó el docente universitario. (Con información de RPP)

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