El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acusa al Gobierno de ejecuciones extrajudiciales y masacres en las asonadas violentistas de diciembre y enero pasado, parece haber sido redactado por uno de esos opinólogos izquierdistas que se pasan la vida escribiendo y opinando desde exclusivos cafetines y bares europeos y limeños.
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Casi la totalidad del texto –salvo en el punto que reconoce que Pedro Castillo dio un golpe de Estado– es sesgado y tiene una pesada carga ideológica.
Nadie discute que las 57 muertes de peruanos han golpeado al país y los responsables deben ser individualizados y sentenciados, pero lo criticable es la narrativa de dicho manuscrito.
La CIDH dice que, después del golpe de Castillo, hubo “manifestaciones pacíficas” y que “el Gobierno no ha podido demostrar que hubo infiltrados” para desestabilizar la democracia. Eso es falso. Allí están las imágenes cuando hordas de violentistas pretendieron tomar varios aeropuertos del país, incendiaron locales públicos, ambulancias y comisarías.
Otros organismos internacionales serios, como la Convención de Naciones Unidas, consideran la toma de aeropuertos como actos de terrorismo.
En otra parte, el organismo llama a los bloqueos de carreteras “afectaciones” que provocaron la escasez de alimentos, medicamentos e, inclusive, la muerte de personas. ¿Afectaciones?
El informe ataca duramente y responsabiliza de las muertes a las fuerzas del orden que tuvieron a su cargo la seguridad y que enfrentaron a pie firme los ataques de los violentistas. No hay que olvidar que de los 912 heridos que hubo en las revueltas, 580 de ellos fueron policías que terminaron con contusiones graves en los hospitales.
Uno de ellos, el joven suboficial José Luis Soncco, fue asesinado y calcinado en su propio patrullero, que fue atacado por las hordas en Juliaca. Sobre ese caso, el informe le dedica solo unas cuantas líneas. Lo peor, siembra dudas respecto de las circunstancias de su muerte.
Otro de los puntos que más se cuestiona es que la CIDH señala que la “crisis política y el descontento” se deben a la “desigualdad estructural y la discriminación histórica”, específicamente en las zonas andinas como Puno. Y también ataca al modelo económico vigente.
Los escribientes del documento ignoran que Puno recibe anualmente millonadas de dinero, pero sus gobernadores no han sabido invertir los jugosos presupuestos. La mayoría de sus autoridades son de línea izquierdista y han terminado procesados por corrupción.
El modelo económico que cuestionan, y que en varios aspectos debe ser mejorado, ha logrado disminuir la pobreza y colocar al país como una de las economías más sólidas de América Latina. Pese a que recientemente hemos tenido cinco presidentes, nuestra moneda es fuerte y mantiene estable el precio del dólar.
El informe de la CIDH es similar al de otros organismos de esa misma línea, como Amnistía Internacional y Human Rights. La búsqueda de la verdad, señores, no debe tener tintes ideológicos. Nos vemos el otro martes.
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