
El Gobierno dio un giro radical al sistema penitenciario y juvenil del país al oficializar la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), mediante la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1710, publicado el 4 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.
La norma establece un nuevo modelo institucional para la administración del internamiento penitenciario y la reinserción social juvenil, bajo la adscripción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta decisión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deja de existir como ente rector del sistema.

La SUNIR nace como un organismo público ejecutor, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional y financiera. Desde ahora, será la entidad responsable de conducir el Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
El decreto legislativo precisa que la nueva superintendencia concentrará funciones que antes estaban repartidas entre el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social, en el marco de una reforma estructural autorizada por el Congreso.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN Y FIN DEL INPE
La implementación de la SUNIR contempla la fusión por absorción del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES). Todas estas entidades serán integradas de manera progresiva a la nueva institución.
Para este proceso, la norma fija un plazo máximo de 90 días hábiles, con la posibilidad de una ampliación adicional de 30 días calendario. Durante este periodo de transición, se garantiza la continuidad operativa de los servicios penitenciarios y juveniles bajo sus denominaciones actuales.
El decreto también dispone la conformación de una Comisión de Transferencia, que deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles, con la finalidad de asegurar el ordenado traspaso de funciones, recursos y personal.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del Consejo Nacional Penitenciario, órgano colegiado que hasta ahora tomaba decisiones estratégicas en el INPE. En su lugar, la SUNIR será liderada por un jefe de superintendencia, designado mediante Resolución Suprema y con carácter de confianza.

NUEVAS REGLAS, PERFIL TÉCNICO Y CAMBIOS DE FONDO
El titular de la SUNIR ejercerá la representación legal de la entidad y será responsable del pliego presupuestal. Para acceder al cargo, la norma exige nacionalidad peruana de nacimiento, título profesional universitario y una experiencia mínima de diez años en el ejercicio profesional, además de no contar con antecedentes penales, judiciales o policiales.
Entre las funciones asignadas a la SUNIR se encuentra la administración de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional, la conducción del tratamiento penitenciario en medio cerrado y libre, así como la gestión de la seguridad integral de los centros.
El Decreto Legislativo Nº 1710 también introduce modificaciones a la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, permitiendo que personal militar o policial en situación de retiro pueda ocupar cargos de dirección superior, con el objetivo de reforzar la disciplina y el control en la gestión penitenciaria.
Durante el proceso de fusión, el personal de la SUNIR se regirá por la Ley del Servicio Civil, sin afectar los derechos laborales adquiridos. De manera excepcional, se flexibilizan algunos requisitos de idoneidad para cargos directivos mientras se completa la reorganización institucional.

El Ejecutivo justificó esta reforma al señalar que los diseños institucionales del INPE y del PRONACEJ presentaban limitaciones estructurales que impidieron una respuesta eficaz frente al incremento sostenido de la criminalidad y el fortalecimiento de organizaciones criminales que operan desde los penales.
Según los considerandos del decreto, estas debilidades facilitaron espacios para la corrupción, el ingreso de bienes prohibidos y la infiltración del crimen organizado, deteriorando gravemente el objetivo de rehabilitación y reinserción social.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, sostuvo que la reforma permitirá una mayor capacidad de decisión operativa, la descentralización de servicios clave y el fortalecimiento del control interno, en un sistema que actualmente alberga a más de 104 mil internos en 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
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