La crisis política en el Perú sumó un nuevo capítulo con la destitución de Dina Boluarte, quien dejó el cargo de presidenta tras perder el respaldo del Congreso. La decisión fue tomada en medio de múltiples cuestionamientos y denuncias que se acumularon durante su gestión.
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Tras su salida de Palacio de Gobierno, deberá responder ante la justicia por diversas investigaciones que marcaron su mandato y deterioraron su legitimidad nacional e internacional.
Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, luego del fallido golpe de Pedro Castillo, pero su gobierno rápidamente se vio envuelto en polémicas por el manejo de las manifestaciones sociales en distintas regiones del país.
Aunque intentó mantenerse en el poder con alianzas políticas, su caída se aceleró cuando se revelaron casos de presunto enriquecimiento, uso indebido de bienes y favorecimientos personales.
Dina Boluarte. Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Muertes en protestas sociales
Uno de los principales procesos que enfrentará Boluarte está relacionado con las más de 50 muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar si existió responsabilidad directa o autoría mediata en el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Las víctimas, en su mayoría jóvenes y civiles sin armas, generaron un fuerte rechazo nacional e internacional.
Boluarte fue citada fiscalmente y se abrió una carpeta por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad. Aunque ella negó tener mando directo sobre las operaciones, las evidencias audiovisuales y los testimonios de familiares de las víctimas han sido parte clave del proceso judicial. Este caso es considerado el más grave que deberá enfrentar.
El caso Rolex
Otro de los escándalos más mediáticos fue el llamado “caso Rolex”, que expuso a la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones patrimoniales. Boluarte fue cuestionada por lucir relojes de lujo y joyas cuyo valor no coincidía con sus ingresos como funcionaria. La Fiscalía allanó su vivienda y el Palacio de Gobierno para recopilar pruebas, lo que desató una ola de críticas.
Además, se abrió investigación por depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias y la posible entrega de regalos de empresarios o altos funcionarios. Este caso golpeó su imagen de manera contundente, pues se produjo mientras el país enfrentaba crisis económica y demandas sociales.
Primero, Dina Boluarte juró que el Rolex era suyo, que venía de su familia, y luego, ante las evidencias de que se los dio Wilfredo Oscorima, salió con que era “prestado”. Al final, eran tres, según la Fiscalía.
Cirugías estéticas y licencias irregulares
Boluarte también deberá responder por el caso de las presuntas cirugías estéticas realizadas durante su mandato, las cuales habrían sido pagadas por terceros y efectuadas mientras estaba en funciones. La controversia se agravó por las licencias irregulares que habría solicitado para someterse a estos procedimientos, pese a que continuaba firmando documentos oficiales.
El Ministerio Público indaga si hubo favorecimiento de clínicas privadas o uso de recursos del Estado. Este caso se convirtió en símbolo de desconexión con la realidad del país, ya que la mandataria fue criticada por priorizar su imagen personal mientras enfrentaba una crisis política y social.
‘El Cofre’ que habría favorecido la huida a Cerrón
Uno de los episodios más polémicos que afronta Dina Boluarte es el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “El Cofre”. De acuerdo con la investigación fiscal, este automóvil habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien se encontraba prófugo de la justicia.
La presunta maniobra se habría realizado sin informar a la Policía Nacional, lo que ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento desde las más altas esferas del poder. La Fiscalía sostiene que el uso de un recurso estatal para proteger a un investigado configura el delito de encubrimiento personal. Este caso no solo compromete a Boluarte, sino que también pone bajo la lupa al exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Interferir en investigaciones anticorrupción
Otro proceso en marcha se refiere a la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. En la carpeta fiscal N.º 153-2024, Dina Boluarte aparece como presunta instigadora de esta decisión, mientras que el exministro del Interior, Walter Ortiz, figura como autor directo. La medida generó críticas inmediatas, ya que el equipo policial investigaba casos que involucraban a altos funcionarios del gobierno.
La Fiscalía considera que esta desactivación habría sido una maniobra para obstaculizar investigaciones sensibles, lo que encajaría en los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Este caso es especialmente delicado porque apunta a una posible interferencia del Ejecutivo en el trabajo del Ministerio Público. Si se demuestra que Boluarte impulsó esta decisión para proteger aliados o evitar indagaciones en su contra, el proceso podría escalar y convertirse en una de las acusaciones más graves que enfrenta.
Dina Boluarte asumió como presidenta del Perú el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado dado por Pedro Castillo | Foto: Presidencia Perú
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