La presidenta Dina Boluarte no solo verá duplicado su sueldo a partir de julio (de S/15 600 a S/35 568 mensuales), sino que también cuenta con una tarjeta electrónica con S/5000 mensuales para gastos de alimentación destinados a ella y su familia en la residencia oficial de Palacio de Gobierno.
Según reveló un informe del programa Punto Final, el despacho presidencial contrató este servicio mediante una ‘Adjudicación Simplificada’ con la empresa Pluxee Perú SAC (antes Sodexo). La tarjeta funciona como medio de pago en supermercados, restaurantes, panaderías, cafés y otros comercios afiliados.
De acuerdo con el expediente de contratación, el beneficio permite la compra de productos como frutas, verduras, carnes, lácteos y alimentos preparados. No tiene límite de gasto diario ni tope de recargas adicionales, siempre que se justifiquen por correo institucional.
Eso sí: no se puede retirar efectivo, pero si el saldo se agota antes de fin de mes, el despacho puede solicitar más dinero. Todo, con absoluta reserva.
Y es que Palacio se negó a revelar el detalle de los consumos realizados, alegando que dar a conocer los lugares donde la mandataria compra pondría en riesgo su seguridad. “Podrían develar patrones de consumo y hacerla víctima de un atentado”, respondieron a una solicitud de acceso a la información.
Consultados para el reportaje, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra negaron haber accedido a un beneficio similar durante sus respectivos gobiernos. Además, estudios del sistema de contrataciones públicas indican que este mecanismo había quedado suspendido desde 2018 y solo fue reactivado bajo el actual mandato de Boluarte.
José Elice, exsecretario general de Palacio, sostuvo que el Estado ya cubre la alimentación en la residencia sin necesidad de tarjetas adicionales. A su juicio, esta recarga mensual de S/5000 —que suma S/60 mil al año— carece de sustento técnico y debería transparentarse.
Este nuevo beneficio se conoce mientras Boluarte es duramente cuestionada por su incremento de sueldo del 122%, aprobado en medio de una ola de desaprobación ciudadana, investigaciones fiscales y protestas sociales.
En el Congreso ya se discuten al menos ocho proyectos de ley para revertir el alza presidencial. Mientras tanto, la tarjeta sigue activa, sin control público ni acceso al detalle de sus consumos.
El congresista Jorge Montoya defendió el privilegio señalando que “un presidente no va al mercado”, aunque admitió que sería impopular justificar el gasto.
La polémica suma un nuevo capítulo a la serie de escándalos que rodean a la jefa de Estado, ya cuestionada por sus viajes, cirugías y relojes de lujo. Hoy, el menú presidencial —literalmente— también está en la mira.
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