El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, participó en la rueda de prensa que ofrecieron algunos minutos a las afueras de Palacio de Gobierno tras culminar las diligencias de allanamiento a la casa de mandataria, en Surquillo, y la residencia presidencial. El letrado confirmó que el viernes 5 de abril su patrocinada declarará sobre el caso de los relojes Rolex ante el Ministerio Público.
“Hasta este momento no nos han notificado de la fecha en que va a ser esa diligencia (toma de declaración); sin embargo, debo informar que el señor fiscal Hernán Mendoza me ha informado verbalmente que esa diligencia de la declaración de la señora presidenta sería este viernes (5 de abril)”, sostuvo el letrado.
Asimismo, dijo que le aconsejó a la mandataria que esa declaración la haga solo al Ministerio Público y, posteriormente, a la prensa. “Por concejo legal de mi persona la señora presidenta va a declarar primero ante la autoridad competente (Fiscalía), porque todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada, después de dar su declaración podrá hacerlo ante los medios como corresponde”, añadió el abogado de jefa de Estado.
En otro momento, el abogado Mateo Castañeda calificó de injustificada y desproporcionado todo el movimiento fiscal y policial solo por la búsqueda de unos relojes.
“Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la finalidad de estas diligencias. No se puede movilizar tanto personal fiscal y Policía para la búsqueda de unos relojes. Es una medida innecesaria porque nosotros pedimos una reprogramación”, manifestó.
Sin embargo, no respondió la pregunta si la mandataria durante las diligencias realizadas entre la noche del viernes y madrugada del sábado entregó los cuestionados relojes Rolex motivo de la investigación.
Un equipo de fiscales y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanó a las 10:55 de la noche del viernes 29 de marzo y se extendió hasta la madrugada de hoy sábado en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, y en la residencia presidencial de Palacio de Gobierno. Se trató de un descerraje con fines de registro e incautación, esto luego que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria otorgó la resolución facultando al equipo.
El pedido fue formulado por el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, sustentado en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos.
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