El Poder Judicial evaluará este miércoles una solicitud del Ministerio Público que busca impedir que la expresidenta Dina Boluarte abandone el país por un periodo de 36 meses, mientras avanza una investigación por presunto lavado de activos.
La audiencia estará encabezada por el juez Fernando Valdez, quien revisará el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Tercer Despacho.
La medida cautelar apunta a garantizar que la exmandataria permanezca en territorio peruano durante el proceso indagatorio.
La sesión se lleva a cabo de forma presencial desde las 9 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional. El magistrado ya notificó a la defensa de Boluarte para que asista de manera obligatoria, advirtiendo que, de no hacerlo, será reemplazada por un defensor público.
Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría tenido participación en un esquema relacionado al caso “Los Dinámicos del Centro”, vinculado a Perú Libre y a su líder, Vladimir Cerrón. La exmandataria figura como cotitular de una cuenta del BCP que habría sido usada para recaudar dinero entre militantes del partido.
Entre noviembre y diciembre de 2020 se habrían realizado más de 100 movimientos bancarios por un total de S/ 15,805, montos que luego fueron transferidos a una cuenta del BBVA a nombre de Cerrón. Estos fondos habrían estado destinados a pagar la reparación civil impuesta al exgobernador regional.
A este proceso se suma otra diligencia judicial programada para mañana, jueves 16 de octubre, a las 8:00 a. m. En esta ocasión, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dirigirá una audiencia virtual para evaluar un segundo pedido de impedimento de salida del país por 18 meses.
Esta nueva medida es requerida por la Fiscalía de la Nación y se enmarca en una investigación preliminar por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Con ello, Boluarte afronta de manera paralela dos solicitudes de restricción migratoria.
La resolución de ambas audiencias definirá si la exmandataria podrá salir del país o deberá permanecer bajo supervisión judicial mientras continúan las investigaciones en su contra.
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