La expresidenta Dina Boluarte volvió a escena pública en medio de la apelación fiscal que busca imponerle impedimento de salida del país por el caso Cirugías. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema instaló desde las nueve de la mañana una audiencia virtual que reunió a la defensa de la exmandataria, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Y aunque el debate giraba sobre el presunto riesgo de fuga, un episodio puntual terminó concentrando todas las miradas.
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Boluarte tomó la palabra para negar categóricamente que tenga intención de abandonar el territorio nacional. Sin embargo, en pleno alegato, su intervención quedó abruptamente interrumpida cuando se refirió al presidente de la sala como “señora jueza”. El comentario alteró el ambiente formal que caracterizaba la diligencia.
Dina Boluarte insiste en que no piensa salir del país. Foto captura: Poder Judicial.
“No soy señora, soy señor. Por lo visto, no me está viendo”, respondió de inmediato el magistrado Manuel Estuardo Luján, dejando claro que él dirigía la audiencia. Boluarte, visiblemente apurada, ofreció disculpas y atribuyó el error a que la imagen en su pantalla aparecía “muy menuda”. El juez insistió en que los participantes deben tener visible a quien preside la sesión.
Pese al momento incómodo, la audiencia continuó. La exmandataria buscó recomponer su intervención recordando que nunca ha incumplido una citación y que, incluso en los múltiples procesos abiertos en su gestión, siempre se presentó en calidad de testigo o investigada cuando corresponde.
CHOQUE EN PLENA SESIÓN
Tras el cruce, Boluarte aseguró que no existe ningún indicio que demuestre un posible intento de asilo o fuga. Enfatizó que su domicilio es público y reiteró: “Aquí estoy, amo a mi patria y continuaré estando acá defendiéndome”.
La defensa legal de la exmandataria sostuvo que el Ministerio Público “sobredimensiona” la situación laboral de su hijo, quien se encuentra en el extranjero. Según argumentaron, ese hecho no guarda relación con la conducta procesal de Boluarte ni configura un riesgo migratorio.
Asimismo, cuestionaron que se utilicen procesos paralelos para reforzar la solicitud fiscal, pues —indicaron— la exmandataria no fue citada durante el plazo inicial de 90 días que permitía la investigación en su condición de aforada.
Boluarte también defendió sus viajes oficiales como presidenta, señalando que todas sus salidas del país fueron estrictamente por funciones constitucionales y no por intereses particulares. Además, recordó que esos desplazamientos respondieron a compromisos bilaterales relacionados con la captación de inversiones para el Perú.
EL ARGUMENTO FISCAL Y LAS DILIGENCIAS PENDIENTES
Pese a los descargos, la Fiscalía mantuvo su posición. Señaló que persiste un eventual riesgo de fuga sustentado en varios factores: la permanencia del hijo mayor de Boluarte en el extranjero, la salida del país de su exasistenta —hoy residente en Estados Unidos— y los presuntos beneficios que habría recibido el cirujano que le practicó las intervenciones estéticas.
Según el Ministerio Público, la exmandataria se ausentó de sus funciones por varios días sin comunicar al Congreso su real estado de salud, mientras se sometía a tres procedimientos estéticos en una clínica privada. Aquella ausencia —indicaron— constituye un elemento clave dentro de la pesquisa penal.
Dina Boluarte es investigada por la Fiscalía de la Nación por abandono del cargo al someterse a cirugía en el 2023.
El Ministerio Público recordó también que aún quedan diligencias por realizar y que la presencia de Boluarte será indispensable en las próximas etapas de la investigación. Por ello, insistió en que el impedimento de salida resulta necesario para asegurar el avance del caso.
La Procuraduría se sumó al pedido fiscal, subrayando la existencia de varias carpetas que, en conjunto, revelan la complejidad del comportamiento procesal que se analiza.
La audiencia culminó con la causa en estado de voto. La Sala Penal Permanente deberá comunicar su decisión en los próximos días, mientras las partes aguardan el desenlace de una jornada que, más allá del debate jurídico, quedó marcada por un episodio que evidenció la tensión latente entre la exmandataria y el sistema judicial.
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