Aunque la presidenta Dina Boluarte hasta el momento no ha dado declaraciones ni se ha dejado ver tras el allanamiento a su casa, en Surquillo, y la residencia presidencial de Palacio de Gobierno, fue el premier Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quienes salieron al frente para calificar las recientes acciones del Ministerio Público como ‘desproporcionadas’, ‘injustificables’, ‘ilegales’ e ‘inconstitucionales’.
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Adrianzén en una rápida rueda de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno, acompañado de algunos miembros del gabinete ministerial, aseguró que el personal fiscal y policial a cargo de la intervención en casa de la mandataria, en Surquillo, forzó la entrada del inmueble, pese a que habían garantizado previamente todas las facilidades para la inspección.
“Han tumbado su puerta para tener ingresar habiendo ya tomado contacto en el interior informándoles que se les iba a dar las facilidades como en efecto ocurrió. Han venido a Palacio de Gobierno con los mismos propósitos y se ha allanado el despacho presidencial y la residencia, en esta última diligencia estuvo la señora presidenta y se ha dado las facilidades del caso (...) Consideramos absolutamente desproporcional, injustificado y cuando no ilegal e inconstitucional la accion que se ha realizado.”, agregó.
A su turno, el titular de Justicia, Eduardo Arana, cuestionó la cantidad de efectivos desplegados para la diligencia, mencionando que más de 20 oficiales de policía y fiscales estuvieron involucrados, lo que para él evidencia un abuso de poder y una politización de la justicia.
“Desde aquí llamamos a la unidad al Congreso y a la ciudadanía a que examinen que estos hechos no son casuales (...) tiene como propósito investigar un aparente hecho ilícito que como ya hemos dicho tiene una respuesta que la señora presidenta la va a explicar. Estos hechos tienen un propósito de resquebrajar al gobierno, resquebrajar la democracia y resquebrajar la institucionalidad y es ahí donde nosotros llamamos la atención y llamamos a la unidad al pueblo peruano entorno a este hecho que afecta gravemente la democracia peruana”, dijo Arana.
Tras su pronunciamiento, Adrianzén y los miembros del gabinete ministerial que lo acompañaban se retiraron sin responder si durante el allanamiento la Fiscalía incautó los lujosos relojes Rolex de la jefa de Estado que son materia de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones en documentos.
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