ATENCIÓN. Un grupo de 16 ciudadanos peruanos presentó una denuncia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno ocurridas entre diciembre de 2023 e inicios de 2023.
En un comunicado conjunto, los denunciantes, entre los que se encuentran exministros como Marisol Pérez Tello, Walter Albán, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, afirmaron que han solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a las autoridades peruanas presuntamente implicadas en los hechos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos.
“Fundamentan nuestra denuncia categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”, se lee en parte del documento.
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El documento enfatiza que la denuncia se presentó cumpliendo con las normas del derecho internacional y la legislación peruana, y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva que incluya posibles medidas cautelares.
“Hemos absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte y actuado con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana, con la justa expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”, se indicó.
FISCALÍA TAMBIÉN LA DENUNCIÓ
Ya el mes pasado, y por tercera vez, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, por los fallecidos y heridos durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
La fiscalía precisó que la denuncia contra Boluarte como supuesta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se da en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Los hechos que se le imputan están vinculados a las manifestaciones ocurridas en nueve regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
El Ministerio Público señaló que en esas regiones se registraron 41 fallecidos por impacto de proyectiles de armas de fuego y tres por golpes con objetos contundentes. Además, 78 personas sufrieron lesiones graves o leves por proyectiles de armas de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, seis por bomba lacrimógena y cinco por otros objetos.
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