LE CAMBIÓ LA VIDA. Entre 2021 y 2023, justo después de que asumiera el cargo de presidenta de la República (el 7 de diciembre de 2022), Dina Boluarte registró un notorio incremento de sus ingresos de hasta 400 mil soles, según registró ella misma en sus declaraciones juradas, en las que no notificó la posesión de lujosos Rolex.
En su primera declaración jurada, en 2021, Boluarte contempló un ingreso de S/160 mil 415.060, a pesar que aquel año trabajó como abogada en la Reniec con un salario de 4500 soles.
Al año siguiente, inició con S/198 mil 215,06 y llegó a término con S/389 mil 519,23, mientras que en 2023, el mismo rubro registró S/593 mil 347,31 en ‘otros ingresos’. Es decir entre 2021 y 2023 hay una diferencia de S/432 mil 932,25 soles.
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En ese período, Boluarte pasó de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con un salario mensual de S/ 30 mil, a jefa de Estado, con un sueldo de a S/ 15 mil 500.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado afirmó en el diario ‘La República’ que estos aumentos significan también un incremento en la percepción del delito vinculado a indicios por enriquecimiento ilícito.
¿QUÉ PENA PODRÍA ENFRENTAR DINA BOLUARTE?
Si se confirma que la mandataria no declaró sus bienes tal y de hallarse un delito en el explosivo aumento de su patrimonio, la jefa de Estado podría afrontar una pena no menor de cinco años de cárcel ni mayor de 10 por el delito de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, cabe la posibilidad de que enfrente una inhabilitación de la función pública, según el artículo 36 del Código Penal peruano.
El exprocurador anticorrupción detalló que, si bien los presidentes no pueden ser investigados durante el ejercicio de sus funciones, con Pedro Castillo se marcó un precedente y por ello las investigaciones contra los mandatarios pueden llegar hasta la fase intermedia, razón por la que la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares contra Boluarte en el marco de la adquisición por relojes Rolex.
A la presidenta se le atribuyen dos delitos: enriquecimiento ilícito y omisión de la consignación de la declaración en documentos.
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