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Un grupo de abogados de Arequipa y Puno presentó una denuncia ante el fiscal competente de la Corte Penal Internacional contra la presidenta Dina Boluarte, y otros miembros de su Gobierno, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad debido a la gran cantidad de muertes y heridos que han dejado las protestas en varias regiones del país.
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La denuncia también involucra al actual presidente del Consejo de Ministro, Luis Alberto Otárola, como al expremier, Pedro Angulo, a los extitulares del Interior César Cervantes y Víctor Rojas, al ministro de Justicia, José Tello, al general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al general PNP Raúl Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú.
También fueron denunciados los congresistas Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País), por calificar a los protestantes de “terroristas y criminales”, así como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “por desmantelar el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo”.
De acuerdo con esta acusación, los decretos supremos de estado de emergencia dictados por el gobierno de Boluarte generan un escenario ideal para una represión contra el pueblo peruano.
“En aplicación de decretos supremos de Estado de Emergencia Nacional, vienen ordenando y ejecutando, según corresponde, una política sistemática de represión desbordada en contra de la población civil, generando un contexto en el cual se ha producido la muerte de más de medio centenar de personas (hasta el día de hoy) y miles de heridos”, dice el documento.
La denuncia también justifica las acciones de los protestantes que tomaron aeropuertos o comisarías. “Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, se lee en el documento.
La abogada de dicha agrupación, denominada Frente Jurídico de Defensa Arequipa-Puno, Clara Salinas Quispe, señaló que se debe investigar la responsabilidad de las autoridades en las muertes. “En ese escrito estamos señalando que se debe iniciar una investigación por crímenes de genocidio y lesa humanidad porque consideramos que el gobierno ha llevado adelante una política sistemática en donde se ve muertes, heridos, incluso, hay denuncias de tortura, y toda esta política que ha venido criminalizando las manifestaciones”, declaró la letrada.
¿QUÉ ES LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), según se lee en su página web.
La Corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
“A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia. Pero también ha atravesado retrocesos, y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores”, dice la ONG Human Rights Watch.
FISCALÍA TAMBIÉN INVESTIGA
Cabe recordad que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también dispuso iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte y tres de sus ministros, entre ellos el premier Luis Alberto Otárola.
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Este último acudió este lunes por la tarde al Ministerio Público para rendir su declaración como parte de ese proceso, por el cual la mandataria y los involucrados podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
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