Hace dos semanas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte y tres de sus ministros, debido a las cerca de 60 muertes producidas durante las protestas antigubernamentales en todo el país, por las cuales podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
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El genocidio está tipificado en el artículo 319 del actual Código Penal del Perú, donde se lee que:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes:
1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo.
3. Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
5. Transferencia forzada de niños a otro grupo.
Sin embargo, según el abogado penalista Andy Carrión, las investigaciones que realiza el Ministerio Público por genocidio no responderían a la tipificación correcta en el caso de la presidenta Boluarte, ya que ella “no ha dado la orden de eliminar a un grupo social, racional, ni mucho menos”.
Según el especialista, la mandataria sería juzgada por el delito de homicidio calificado por omisión. “Ella sí va a tener que responder por el delito de homicidio calificado y no porque ella haya ido a matar, porque todos se defienden así. Homicidio calificado por omisión y yo creo que ella va a terminar teniendo penas tan altas para este delito, las cuales van entre los 15 y 20 años”, señaló Carrión en diálogo con La República.
“En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. (…) El Gobierno no ha sido respetuoso con los derechos humanos”, agregó.
“No me van a decir que es una reacción normal que un estudiante sea disparado a lo lejos con una bala en el cráneo, ayudando a los indefensos que estaban en el piso durante las protestas. Tiene que ser analizado caso por caso”, concluyó Carrión.
¿QUÉ ES GENOCIDIO?
La Real Academia de la Lengua Española define genocidio como el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.
Tras la Segunda Guerra Mundial, a raíz del Holocausto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 96 del 11 de diciembre de 1946, estableció que “el genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros de la misma manera que el homicidio es la negación de dichos derechos a la persona individual”.
En el Perú, el genocidio se reguló por primera vez en 1985, en el artículo 117 del Código Penal, tras la introducción de una reforma.
La indagación del Ministerio Público también afecta al primer ministro, Alberto Otárola, así como al titular del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez, y al exministro de Interior, Víctor Rojas.
NO HABRÁ IMPUNIDAD
Semanas atrás, Dina Boluarte se pronunció sobre las primeras muertes en las protestas posteriores a la vacancia de Pedro Castillo y aseguró que no habría impunidad y que daría facilidades para las investigaciones.
“Les aseguro que no habrá impunidad, le hemos dado todo el apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros pedimos que vengan a visitar por cuenta propia y vean lo que sucedió en el país, también invitamos que venga el Alto Comisionado de esta Comisión para que venga en enero, en consecuencia estamos dando todas las facilidades”, precisó.
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“El único camino para salir adelante es en paz, en orden y en tranquilidad, la violencia genera dolor y sufrimiento, y conduce al atraso, pobreza y subdesarrollo. Nadie, menos yo, quiere que haya más muertos a consecuencia de las protestas”, agregó.
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