La decisión del Congreso de recién debatir en marzo, el dictamen de insistencia que propone reponer la detención preliminar en casos de no flagrancia, solo confirmaría que ‘están de espalda a la población’, y que buscan ayudar al entorno de la presidenta Dina Boluarte. Así lo indicó a Trome el abogado penalista James Rodríguez.
“Lo que está haciendo el Congreso, es darle la espalda a la ciudadanía, frente a esta ola de criminalidad y delincuencia, que azota a nuestro país. Con esta actitud de no poner en vigencia la detención preliminar en casos de no flagrancia, solo confirma que trabajan en pared con el Poder Ejecutivo, para proteger a las más altas esferas del gobierno, personas en el entorno más cercano de la presidenta”, señaló.
El también presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, no dudó en advertir que es muy probable que el Legislativo apruebe esta norma, luego de que el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador del Perú en el Vaticano.
“Estamos hablando de 4 o 5 meses que esta ley no estuvo en vigencia. Debido a esto, personas que debieron ser detenidas, actualmente siguen libres. No me llamaría la atención que esta ley no entre en vigencia, hasta que el exministro Julio Demartini, sea elegido embajador en el Vaticano”, apuntó.
En ese sentido, advirtió: “Con este retraso, se beneficiaron organizaciones criminales (como el Tren de Aragua o Los Pulpos), así como el entorno de la presidenta. No se dan cuenta que al beneficiar al entorno más cercano a la presidenta, favorecen al crimen organizado y la delincuencia. Al Ejecutivo no le interesa la lucha contra la delincuencia, solo quieren proteger al entorno presidencial”.
Rodríguez también sostuvo que la ley de extinción de dominio que aprobó el Congreso, en donde se exige ahora una sentencia condenatoria firme antes de incautar los bienes que habría obtenido una persona con dinero presuntamente ilícito, también es un riesgo.
“Con esto se van a beneficiar muchas organizaciones criminales, que están inmersas en crimen organizado, organización criminal, y lavado de activos (...) No se van a poder incautar bienes, objetos, inmuebles, dinero, si no hay una sentencia condenatoria. Pero hasta que se logre una sentencia, esas personas van a transferir esos bienes adquiridos de manera ilícita”, puntualizó.
Ayer la Fiscalía advirtió que si se promulga la norma, 550 casos quedarían archivados por falta de sentencia firme.
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