“Me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación a partir de ahora, porque soy rondero y eso lo sé muy bien”, señaló durante una actividad el presidente Pedro Castillo, quien también se comprometió a abrirles una oficina al lado de su despacho en Palacio de Gobierno.
Esta propuesta lanzada por el jefe de Estado fue analizada por expertos en derecho y gestión pública, los que advirtieron que es inviable por la falta de un marco normativo para implementar una oficina con ese rol y porque las rondas campesinas no tienen un marco legal para la función que plantea el mandatario.
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La abogada penalista Romy Chang indicó: “No tiene ningún sentido (lo planteado por el mandatario Castillo)… Las rondas campesinas tienen jurisdicción en las zonas donde no existe una justicia común establecida oficialmente, donde es de difícil acceso a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, donde no llega la justicia ordinaria y donde hay ciertas reglas que son aceptadas por toda la comunidad… La lógica de las rondas no es que son un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público u otra entidad para hacer justicia. La lógica de las rondas es, de algunas maneras, suplir las deficiencias que el Estado presenta en la administración de justicia en zonas donde no llega esta administración. Pero no significa que vamos a hacer de la excepción la regla general, porque eso implicaría eliminar todas las instituciones que formalmente han operado tantos años”.
‘SIN PIES NI CABEZA’
Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló lo siguiente: “Esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza… No tiene sentido lo que está proponiendo el presidente Castillo. La jurisdicción constitucional que tienen las rondas campesinas se circunscribe a sus ámbitos territoriales, no es el caso que está proponiendo el presidente.
Respecto a darles una oficina a los ronderos en Palacio de Gobierno, Mayen Ugarte, especialista en Gestión Pública, dijo: “Bajo la actual normativa y estructura orgánica del despacho presidencial una propuesta de este tipo sería inviable. La alternativa sería una oficina o espacio físico en la Casa de Pizarro, donde se instalen ciudadanos con los que el jefe de Estado quiera consultar ciertas cosas. Sin embargo, no tendría atribuciones legales para investigar y no podría acceder a información que no esté el alcance de cualquier otro ciudadano”.
Cabe indicar que las rondas campesinas, surgidas en los años ochenta, están reconocidas en nuestra Constitución. “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, y en su defecto las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”, dice el artículo 149 de la Carta Magna. (Con información de El Comercio)
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