“Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”. Con estas palabras, el presidente Pedro Castillo anunció la polémica medida que, para muchos, es el punto de inicio para el eventual cierre de la prisión de la Base Naval del Callao, como querían los militantes de Sendero Luminoso y el MRTA.
Uno de los que está en contra del Decreto Supremo 015, que crea un nuevo régimen penitenciaria para jefes o cabecillas principales de las organizaciones criminales, o delictivas procesados o sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad, es la ONG de derechos humanos Waynakuna Perú.
“Sendero Luminoso ha venido desarrollando desde hace varios años ante organismos internacionales una campaña de propaganda que denominaron “operación Némesis”, la cual consiste en exigir al Estado peruano el cierre del penal de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, el traslado de terroristas de Sendero Luminoso a cárceles con mínimas condiciones de seguridad y el pedido de amnistía o prisión domiciliaria para Abimael Guzmán”, indica en un comunicado.
Además, agrega que “hoy día, con la promulgación del Decreto Supremo 015-2021, la ‘Operación Némesis’, abraza parte de sus planes. El traslado de terroristas a cárceles que no cumplan los requerimientos de seguridad exigidos por los brazos políticos de Sendero, podría conllevar a que pidan ante la justicia peruana, la amnistía o la prisión domiciliaria para criminales como Abimael Guzmán Reynoso y Osmán Morote”.
Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de Waynakuna, precisó que este beneficio alcanzaría también a los líderes terroristas emerretistas Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón. “Advertimos por tanto que el Decreto Supremo 015-2021 podría ser utilizado por senderistas y emerretistas para conseguir su libertad”, agregó.
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A Vladimiro Montesinos le quedan por cumplir 5 años de una condena de 25 años y es la primera vez que entra a una cárcel común.
Al respecto, el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también le dedicó líneas en Twitter a la medida. “Traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación”, lo que provocó la respuesta inmediata de Keiko Fujimori, quien tildó las líneas d chantaje y señaló que el traslado de su padre a una cárcel común sería un homicidio.
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La medida de trasladar a Montesinos y, eventualmente, a los dirigentes terroristas de SL y el MRTA a cárceles como Ancón II, es un pedido no de ahora, sino de hace varios años por distintos personajes de la izquierda, como Anahí Durand, la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella firmó hace unos años una carta, junto a intelectuales socialistas, pidiendo el traslado de Víctor Polay Campos, jefe y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como del resto de miembros de ese grupo terrorista, a una cárcel común. La cercanía de Durand con el MRTA es fuerte. Para empezar, tuvo una relación con el chileno Alejandro Astorga, preso por un atentado contra un local del ICPNA en Lima, y con quien tiene un hijo. A él, incluso, le dedica su tesis.
Además, participó en la presentación del libro del dirigente emerretista Alberto Gálvez Olaechea hace seis años, a quien incluso llama familiarmente ‘Beto’.
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