El salón ya estaba lleno cuando Josué Gutiérrez tomó la palabra. Afuera, las acusaciones de fraude seguían circulando en redes sociales y en los discursos de algunos políticos. Adentro, la Defensoría del Pueblo presentaba su informe final sobre las elecciones generales del 12 de abril con una frase que marcaría la jornada: “No existen pruebas fehacientes de fraude electoral”.
Mira también:
El defensor del pueblo habló durante varios minutos sobre las observaciones recogidas tras la supervisión nacional desplegada por la institución. Explicó que el análisis incluyó reportes técnicos, seguimiento informático y evaluación de incidencias registradas durante la primera vuelta.
Josué Gutiérrez. (Foto: Defensoría del Pueblo)
“No hay indicio de fraude, porque este solo se puede dar bajo dos principios, primero con demostrada intencionalidad del dolo y segundo, que esté acompañado de una actividad sistemática, porque una sola persona no puede hacerlo”, sostuvo durante la conferencia realizada en Lima.
La Defensoría precisó que sí se detectaron situaciones irregulares y cuestionamientos relacionados con el trabajo de entidades del sistema electoral. “Sí cuestionamientos a hechos irregulares en la cual era evidente que participaron activamente y de manera pasiva representantes del sistema electoral como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones”, señaló Gutiérrez.
El informe también descartó que las denominadas “mesas de código 900” hayan sido utilizadas para alterar resultados. Según explicó el defensor, estas mesas permitieron ampliar el acceso al voto en zonas alejadas del país. “Millones de peruanos se han ido insertando en este proceso del voto”, afirmó.
LAS MESAS QUE DESATARON LA POLÉMICA
Uno de los puntos más discutidos en las últimas semanas fue la instalación tardía de algunas mesas de sufragio, especialmente en distritos del sur de Lima Metropolitana. La Defensoría recordó que la legislación vigente permite instalar mesas entre las siete de la mañana y las doce del mediodía.
En ese contexto, la institución sostuvo que incluso las mesas abiertas cerca del mediodía se encontraban dentro del marco legal. Además, recordó que hubo trece mesas que debieron habilitarse de manera extraordinaria el 13 de abril para garantizar el derecho al voto de cientos de ciudadanos.
La controversia aumentó luego de que el candidato Rafael López Aliaga denunciara supuestas irregularidades y pidiera una elección complementaria, asegurando que más de un millón de personas no pudieron sufragar. Sin embargo, la Defensoría indicó que no existe evidencia concreta que respalde esa cifra.
“Reconocer que había un problema administrativo técnico, reconocer que podría haber actos de corrupción que se deben investigar, pero que en nada comprometía las demás actuaciones de miles y miles de ciudadanos que estaban trabajando ese mismo día a nivel nacional”, puntualizó Gutiérrez.
La institución resaltó además el trabajo realizado por más de 270 mil miembros de mesa, muchos de los cuales terminaron el escrutinio pasada la medianoche. También destacó la participación de personeros, fiscales, observadores y voluntarios desplegados en todo el país.
El organismo de control advierte vacíos normativos en el transporte hacia las ODPE, con uso de autos y minivans sobrecargados, poniendo en riesgo la cadena de custodia.
LAS RECOMENDACIONES PARA LA SEGUNDA VUELTA
El informe no solo expuso observaciones. También incluyó una serie de recomendaciones dirigidas al Congreso, al Ejecutivo y a los organismos electorales con miras a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.
Entre los pedidos figura la aprobación del proyecto de ley 14251 para evitar que los locales de votación funcionen en espacios improvisados como parques, losas deportivas o cocheras. La Defensoría también propuso modificar el artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones para reducir el plazo máximo de instalación de mesas hasta las nueve de la mañana.
Además, solicitó al Ejecutivo reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en los centros de votación y encargarse del traslado del material electoral junto con la Policía Nacional, buscando evitar nuevos cuestionamientos sobre la logística utilizada en los comicios.
Respecto al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, la Defensoría recomendó iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades de funcionarios que no habrían cumplido adecuadamente sus funciones de fiscalización y supervisión durante la jornada electoral.
“La Defensoría del Pueblo defenderá la decisión que resulte de la proclamación oficial porque refleja el trabajo de millones de peruanos”, señalaron los representantes de la institución al cierre de la presentación.
Con ese mensaje, la entidad buscó bajar la tensión política instalada tras la primera vuelta y recordó que cualquier denuncia debe sostenerse en pruebas verificables y no en sospechas difundidas sin sustento técnico.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Terror en SMP! Sicarios abandonan cadáver en descampado de Chuquitanta tras acribillarlo a balazos
- Capitán PNP vinculado al cambiazo de lingotes de oro es investigado por posesión de más de 31 millones de soles
- ¡Matan al ‘Sapo’ en taller de Chorrillos! Sicarios ejecutan a presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’
