El pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles 2 de junio por insistencia la ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo y que permite a las empresas privadas y gobiernos regionales y locales adquirir las vacunas contra el coronavirus (COVID-19).
Con 100 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio de los proyectos de ley 5746, 5956, 5959 y otros que proponen promover la adquisición y provisión de vacunas como “estrategia sanitaria de vacunación para garantizar su acceso oportuno”.
Según la norma, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud (Minsa) autoriza al sector privado en un plazo no mayor de 7 días de presentado el expediente de la importación o adquisición de la vacuna contra el COVID-19, la cual deberá poner a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) para su distribución gratuita en todo el territorio nacional.
“Las empresas privadas que logren adquirir la vacuna contra el coronavirus SARSCo V-2 (…) tendrán la prioridad de inmunizar a su personal dentro del marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, establecido por el Ministerio de Salud”, detalló.
Para ello, el Minsa coordina y realiza convenios de cooperación con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) del sector privado a efectos de que contribuyan al proceso de inmunización de manera gratuita contra el coronavirus.
También se autoriza de manera excepcional y transitoria a los gobiernos regionales con cargo a su presupuesto institucional, la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el COVID-19, bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos y acreditaciones requeridas por el Minsa.
“Los gobiernos locales, previo convenio con los gobiernos regionales, podrán solicitar, con cargo a su presupuesto institucional, la importación o adquisición de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2 para la inmunización de la población de su jurisdicción”, acotó la norma.
“Los gobiernos regionales deberán incluir en los contratos de adquisición o importación de la vacuna y otros medicamentos contra el coronavirus SARS-CoV-2 una cláusula anticorrupción, bajo causal de nulidad y responsabilidad”, añade.
Como se recuerda, el pasado 23 de abril, el Congreso aprobó una ley que tenía como objetivo que las tanto las empresas privadas como los gobiernos regionales y municipios de todo el país puedan adquirir vacunas contra el COVID-19 y aplicarla, sea a sus trabajadores en el caso de los privados o de la población a su cargo en las entidades públicas.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo se manifestó en contra la iniciativa legislativa y observó la autógrafa señalando que es innecesaria, porque ya existe un marco legal que permite al sector privado importar y adquirir vacunas, así como normativa por la que el Minsa puede delegar o encargar su compra a otras entidades públicas.
