Por: Miguel Ramírez
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“Lo poco que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían. No sean frescos. ¿Ya se olvidaron de los narcoindultos? Los que salen a criticar ahora son los mismos que se dedicaron a liberar narcotraficantes”. Así respondió el presidente Martín Vizcarra a los políticos apristas, quienes la semana pasada, a través de diversos medios, lo cuestionaron por el mal manejo en las cárceles para enfrentar al demonio del coronavirus, que ya mató a 30 presos.
Vizcarra demostró, una vez más, su astucia política. Fue un knock out que se convirtió en tendencia en las redes sociales. En efecto, durante la administración del fallecido Alan García, se liberaron a cientos de narcotraficantes y criminales, so pretexto de atacar la sobrepoblación penitenciaria. Muchos volvieron a delinquir y terminaron otra vez en sus celdas.
Miguel Facundo Chinguel, un disciplinado militante, asumió toda la responsabilidad. Los apristas movieron sus eternas influencias en el Poder Judicial y Chinguel terminó sentenciado por un solo caso. Pocos recuerdan el escandaloso indulto que García concedió a José Francisco Crousillat, el empresario de televisión que recibía sobornos de Vladimiro Montesinos, para defender las tropelías que se cometían en el gobierno de Alberto Fujimori.
Crousillat fue indultado por supuestos problemas de salud, pero una fotógrafa lo ‘ampayó’ en una playa del sur dándose la gran vida. Descubierta la trampa, García anuló el indulto y renunció a su obediente ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien ahora, con total frescura, critica al gobierno.
Lo que el presidente Vizcarra no puede tapar con esa certera remembranza, es la deficiente reacción en enfrentar el preocupante contagio en los penales de Lima y en varias cárceles del país. Desde la segunda semana de la cuarentena se conocía que agentes penitenciarios, mal protegidos y con deficientes equipos de seguridad, habían contagiado a varios reos. Incluso, la presidenta del Tribunal Constitucional, Mariella Ledesma, le advirtió a Vizcarra sobre ese peligro en una reunión ocurrida hace más de un mes.
El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, guardaba silencio. Recién el 24 de abril reconoció que habían más de 500 infectados, 30 de los cuales han muerto. Uno de ellos –según allegados a su entorno, pero ningún vocero oficial lo quiso confirmar– sería Ricardo Zevallos, el hermano de Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, el capo del narcotráfico peruano, quien también está preso. Tan deficiente es el manejo informativo que, hasta hoy, nadie confirma si Antauro Humala está o no infectado, como dijo públicamente uno de sus allegados.
Las cárceles son un hervidero humano y es imposible el distanciamiento. Existen 97 mil reclusos y 36 mil tienen prisión preventiva. La sobrepoblación es de 140%. El Estado está en la obligación de protegerlos, sea cual fuese el delito cometido.
El Gobierno debe tomar, ¡ya!, medidas rápidas y realistas para evitar un “genocidio viral”, como ha advertido el exprocurador anticorrupción, José Ugaz. Nos vemos el otro martes.