La Contraloría General de la República detectó irregularidades administrativas y penales en la licitación pública para construir el Puente Tarata sobre el río Huallaga en la región San Martín dentro del comité de selección de Provías Descentralizado.
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El informe de control específico N° 001-2022-2-5568-SCE, señala que el Comité de Selección benefició al postor ganador, Consorcio Puente Tarata III, en el que participó una empresa vinculada a Karelim López.
Cabe recordar que la fiscalía anticorrupción está investigando al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco; así como a Karelim López y otros funcionarios por las reuniones que se sostuvieron en Palacio de Gobierno días antes de la licitación.
La Contraloría consideró, luego de la acción de control que inició en diciembre del 2021, que tres miembros del Comité de Selección de la obra valorizada en más de S/304 millones serían responsables de las irregularidades.
En primer lugar, se detecta que el acta del 6 de octubre del 2021 no fundamente el motivo por el cual se postergó la licitación ni se presentó un sustento válido en los documentos del expedientes. Asimismo, el postor ganador no contaba con el certificado de poder de uno de sus consorciados, requisito obligatorio para la presentación de ofertas.
Los miembros del Comité de Selección tampoco advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal al estar integradas por empresas del mismo grupo económico y con representantes legales y gerentes generales que tienen vínculos de consanguineidad (hermanos) y un accionista en común.
El informe señala que el postor ganador no tenía las experiencia mínima exigida en el rubro de ejecución de “obras similares”, ya que siete de las doce obras que presentó el consorcio no eran similares.
“Al no contar con la experiencia mínima exigida, se afectó el correcto desarrollo del procedimiento de selección al declarar ganador de la buena pro a un consorcio que no era idóneo para cumplir con el objeto de la contratación, postergando la satisfacción de las necesidades de la población que requiere contar con óptimas condiciones de transitabilidad vehicular”, informó la Contraloría General.
El informe de la Contraloría fue comunicado al director ejecutivo de Provías Descentralizado para que inicie con el deslinde de responsabilidades, así como al procurador público especializado en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones legales penales.
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