La bancada de Acción Popular, a iniciativa del congresista Wilson Soto, presentó un proyecto de ley que propone aplicar la pena de muerte en casos de delitos de sicariato, secuestro y extorsión, los cuales deberán ser tipificados como terrorismo.
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Se trata de la iniciativa legislativa 3366/2022-CR, que plantea incorporar el artículo 316-B al Decreto Legislativo 635 – Código Penal, para tipificar el delito de terrorismo e imponer la sanción de pena de muerte.
De esta manera, dicho cuerpo normativo quedaría redactado en los siguientes términos:
“El que provoca, crea, mantiene o favorece un estado de zozobra, alarma o temor en la población, en un sector de ella o una familia; realizando, actos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio de las personas a través de actos que constituyen delitos de sicariato, secuestro, extorsión, robo agravado y causen la muerte de la víctima será reprimido con pena de cadena perpetua o muerte”.
En la exposición de motivos se detalla que el artículo 140 de la Constitución Política deja abierta la posibilidad de imponer la pena de muerte por terrorismo, por ello, se pretende legislar para tipificar dicho delito.
En ese sentido, detalla que también se puede considerar terrorismo cuando se atenta gravemente contra un bien jurídico protegido como la integridad del territorio nacional o la soberanía del Estado.
Asimismo, se refiere que se genera zozobra y un gran temor en la sociedad por el “permanente ataque” contra la vida, la libertad, la integridad física, psíquica, el patrimonio de las personas y de la Nación.
De este modo, precisa que con esta medida el Poder Judicial podrá contar con una herramienta que le posibilite “razonablemente” imponer la pena de muerte por la comisión de delitos graves que merecen el “reproche social”.
“La comunidad se sentirá amparada por la justicia y el Estado al obtener la sanción al agresor que realmente acoge su anhelo. Se protegerá de manera más eficaz a los ciudadanos, que poco a poco recuperará la su confianza para poder circular libremente en la vía publica y ejercer sus actividades sin mayores temores”, indica.
“La sociedad se verá beneficiada al saber que existe una sanción que de alguna manera podría resarcir el grave daño y afectación por la pérdida de un ser humano”, añade el proyecto de ley.
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