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El Pleno del Congreso vivió una jornada tensa que terminó en un desenlace que pocos anticiparon: no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar el informe final de la Denuncia Constitucional 351, que proponía inhabilitar por diez años a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo.
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El documento la señalaba como partícipe activa en acciones previas, simultáneas y posteriores al intento de golpe del 7 de diciembre de 2022.
Tras no alcanzar los votos necesario, el Congreso archivará la denuncia que buscaba inhabilitar a Betssy Chávez. Foto: Congreso.
El informe planteaba que Chávez habría infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, lo que justificaba una sanción severa. Sin embargo, la votación en el Pleno dejó en claro que no existió el consenso que la subcomisión acusadora esperaba.
El marcador final fue de 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, cifras insuficientes para llegar al mínimo exigido: dos tercios de los congresistas presentes. Con ello, el informe quedó sin efecto inmediato.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que se expedirá la resolución legislativa y el expediente será enviado al archivo.
La denuncia había sido presentada originalmente por la congresista Patricia Chirinos, quien insistió en que existían pruebas suficientes para demostrar que Chávez tuvo un rol clave en la ejecución del intento de golpe. La legisladora argumentó en el debate que el país “no olvida” lo ocurrido aquella tarde de diciembre.
DEBATE TENSO EN EL PLENO
El congresista Jorge Montoya, delegado de la denuncia constitucional, aseguró que la votación debía “cerrar la defensa de la democracia” y sostuvo que la responsabilidad del desenlace recaía en el Congreso. Para Montoya, el informe contenía elementos suficientes para sostener la acusación y aplicar la inhabilitación.
Chirinos respaldó esa línea y afirmó que su denuncia estaba sustentada en “pruebas irrefutables”. Señaló que Betssy Chávez habría sido pieza fundamental en la preparación y ejecución del intento de golpe y que, por ello, la sanción debía aplicarse con “toda la fuerza de la ley”.
Pero no todas las intervenciones caminaron en esa dirección. El congresista Jaime Quito cuestionó abiertamente el proceso, asegurando que existía una “persecución” contra quienes consideraban enemigos políticos. Según su intervención, no había elementos que configuren rebelión ni conspiración.
La congresista Isabel Cortez también expresó su desacuerdo con que el Pleno dedicara tiempo a este caso, afirmando que debía ser resuelto en la Fiscalía o el Poder Judicial. Advirtió que los trabajadores siguen esperando que se debatan proyectos que afectan directamente sus derechos.
Castillo y Chávez son acusados por infringir la Carta Magna tras golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Foto: Archivo GEC
PEDIDOS DE RECONSIDERACIÓN
Durante el debate, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, sostuvo que tanto su patrocinada como Pedro Castillo serían “perseguidos políticos”. Señaló además que detrás del caso existían motivaciones electorales y criticó duramente a la prensa.
Finalmente, el Pleno votó. Y con 63 a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la inhabilitación no prosperó. El resultado frena, por ahora, la posibilidad de que Chávez sea apartada de la función pública por una década.
Sin embargo, el tema no quedó cerrado. Tres pedidos de reconsideración fueron presentados por los congresistas Jorge Montoya, Norma Yarrow y Eduardo Castillo, quienes buscan que la votación vuelva a repetirse.
Estos pedidos deberán ser incluidos en agenda por el presidente del Legislativo para su evaluación.
Durante la sesión también se mencionó que Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima, aunque no se anunciaron medidas adicionales tras el rechazo del informe.
El caso continúa formando parte de los procesos vinculados al intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Por ahora, la decisión del Pleno mantiene en suspenso la situación política y legal de la ex primera ministra.
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