El Poder Judicial declaró improcedente la demanda de acción de amparo que interpuso el exmandatario Martín Vizcarra contra el Congreso por haberlo inhabilitado para ejercer cargo público por 10 años. Esto en el marco del caso conocido como ‘Vacunagate’.
La decisión tomada por el ente encargado de repartir justicia en el país fue saludada por parlamentarios de diferentes bancadas. Franco Salinas (Acción Popular) dijo que la resolución judicial revela que el Congreso otorgó las garantías constitucionales a Vizcarra y exhortó a su defensa legal a que no apele esta medida para evitar al Parlamento ‘perder tiempo’.
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“Felicitar a la jueza (Rocio del Pilar Rabines) que, con un sustento jurídico, legal, apegado a la Constitución, ha dejado en evidencia la intencionalidad subalterna del expresidente Vizcarra. La resolución establece claramente que se han respetado todas las garantías constitucionales del señor Vizcarra y que además él ha reconocido que se inoculó la vacuna (de Sinopharm)”, precisó.
Mientras que Omar Chehade (Alianza Para el Progreso) señaló que esta resolución demuestra que el expresidente Vizcarra tuvo todas las garantías constitucionales en el proceso que derivó en su inhabilitación. También consideró que esto da cuenta de que el Poder Judicial ‘no puede entrometerse’ en los procedimientos parlamentarios.
En tanto, Luis Valdez (Alianza Para el Progreso) indicó: “Celebro que no haya prosperado la estrategia de desacato del exmandatario Vizcarra y que, por el contrario, el Poder Judicial haya respaldado la validez del juicio político. Además, veo una especie de amenaza en la intención del abogado de Vizcarra de denunciar a la jueza que revisó el caso”.
LA INHABILITACIÓN
El 16 de abril de este año, el Pleno del Congreso aprobó, con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el informe final que recomendaba inhabilitar políticamente al expresidente Vizcarra por haber recibido la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Sinopharm (China) fuera de los ensayos clínicos.
Tras un largo debate, los legisladores procedieron al voto del documento que planteaba inhabilitar a Vizcarra por 10 años del ejercicio de la función pública, por haber incurrido en infracciones constitucionales.
Cabe indicar que el informe final anteriormente mencionado contó con la aprobación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales antes de pasar a la Comisión Permanente y posteriormente fue llevado al Pleno de la Representación Nacional. El exmandatario Vizcarra tuvo la posibilidad de estar al inicio de la sesión, pero presentó un pedido de reprogramación, el cual fue rechazado.
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