La Comisión Permanente del Congreso de la República desató una tormenta política y social al aprobar —en segunda votación— una controvertida ley de amnistía que podría beneficiar a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos durante los años más duros de la lucha contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000.
Con 16 votos a favor y 11 en contra, la norma fue respaldada por parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que las bancadas de izquierda votaron en bloque en contra. La iniciativa aún debe superar un pedido de reconsideración presentado por los congresistas Ruth Luque y Alex Flores.
El congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, defendió la norma asegurando que se trata de “una necesidad de justicia” y un acto de reparación moral para quienes, según dijo, “salvaron al país del terrorismo comunista”.
Su colega y autor de la ley, el almirante en retiro Jorge Montoya, fue más enfático: “Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Están buscando pruebas desde hace 30 años y no las encuentran”.
Según el dictamen aprobado, la amnistía se aplicará a procesados sin sentencia firme y a condenados que tengan 70 años o más. Rospigliosi citó el caso del motín en El Frontón (1986) para graficar lo que considera un abuso judicial contra militares. Pero desde el otro lado del hemiciclo, las críticas no se hicieron esperar.
La legisladora Ruth Luque calificó la ley como una “injusticia” y “acto de inmoralidad” que “encubre y protege al mal funcionario de la Policía o del Ejército que ha cometido un delito”. Por su parte, Alex Flores acusó al Congreso de promover impunidad: “Muchos casos no avanzaron porque las FF.AA. y la PNP no cooperaron. Eso no puede ser razón para el olvido”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) fue contundente: la ley pone en peligro más de 156 sentencias y cerca de 600 procesos judiciales en curso por delitos como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
El organismo advirtió que esta medida viola el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en julio de 2024 ordenó al Estado peruano abstenerse de aprobar leyes similares.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y colectivos como Proética también rechazaron la norma. “Es un acto de corrupción política”, señaló esta última, mientras que Sigrid Bazán fue más directa: “¡Amnistía es impunidad!”.
Rospigliosi, afirmó que el exministro del Interior Daniel Urresti podría beneficiarse con la reciente ley de amnistía aprobada en la Comisión Permanente, una vez que cumpla 70 años. Actualmente, tiene 68 años.
“En el caso de Urresti, la ley lo favorece cuando cumpla 70 años”, declaró Rospigliosi. Además, cuestionó el proceso judicial que culminó en abril de 2023 con la condena de 12 años de prisión contra el exministro, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.
“Lo acusaron recién en 2015, cuando tuvo relevancia política. Fue por autoría mediata, sin pruebas directas”, agregó.
Los abogados constitucionalistas Erick Urbina y Heber Joel Campos aseguraron que la ley es inconstitucional y que será anulada por el Tribunal Constitucional o la Corte IDH.
Urbina subrayó que la amnistía es inviable para delitos de lesa humanidad. “Eso priva de justicia a los deudos de las víctimas”, afirmó. Campos fue más allá: “Es una norma groseramente inconstitucional”.
Aún se desconoce si el Ejecutivo observará la ley, pero lo cierto es que el Perú enfrenta una nueva crisis institucional que pone en juego su compromiso con los derechos humanos y su imagen internacional.
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