Ciro Castillo Rojo, exgobernador regional del Callao, volvió a escena pública desde la clandestinidad. Lo hizo tras el megaoperativo fiscal que lo señala como presunto líder de una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos públicos por más de S/ 1,5 millones, caso conocido como ‘Los Socios del Callao’.
Desde un baño convertido en su escondite, en pijama y rodeado de documentos, Castillo afirmó que su fuga no responde a un intento de evadir a la justicia, sino a una medida para preservar su vida. “Esto no es más que un montaje político”, sostuvo durante una entrevista con el programa Día D.
El exgobernador negó de manera reiterada las acusaciones fiscales y aseguró ser víctima de una concertación política. “Me suena como una ofensa.... Esto me huele más a una concertación del tipo político. No me interesa ni mi intimidad, ni mi familia, ni nada. Lo que pasa es que siguen manejando el gobierno regional como un botín, el cual se lo están repartiendo ahora como una presa”, señaló atribuyendo su situación a disputas internas dentro del Gobierno Regional del Callao
Castillo también justificó su ausencia durante los allanamientos señalando su delicado estado de salud. Afirmó padecer diabetes insulinodependiente, hipertensión y artrosis desde hace más de tres décadas, y advirtió que una eventual reclusión pondría en riesgo su tratamiento médico.
Según la Fiscalía, durante la gestión de Castillo Rojo se habrían direccionado más de 60 contratos de menor cuantía mediante un esquema de fraccionamiento que permitió evitar procesos de licitación. Este mecanismo, ejecutado en 2023 y los primeros meses de 2024, habría generado un perjuicio económico superior a S/ 1,5 millones.
El Ministerio Público señala como piezas clave de la presunta red a la jefa de logística Hiromi Zúñiga Jáuregui y al asesor Jimmy Alexander Whu Cárdenas, detenidos durante el operativo realizado en diciembre de 2025, que incluyó allanamientos simultáneos en 27 inmuebles del Callao.
Durante esas intervenciones, agentes del Grupo GRECO y de la Policía Nacional ingresaron también a la vivienda de Castillo Rojo en La Punta, sin lograr ubicarlo. Desde entonces, el exgobernador permanece prófugo, con alertas en fronteras y una orden de captura vigente.
El expediente fiscal identifica a Castillo como el presunto líder de la organización, responsable de facilitar adjudicaciones directas a determinados proveedores mediante la manipulación de procedimientos administrativos dentro del Gobierno Regional del Callao.
Frente a estas imputaciones, Castillo Rojo negó conocer en detalle las órdenes de servicio cuestionadas. Aseguró que el asesor Jimmy Whu era un profesional contratado bajo supervisión de SERVIR y que no existía ningún vínculo económico o de amistad con los beneficiarios de los contratos. El prófugo político negó también cualquier vínculo sentimental o económico con Elvira Madalengoitia.
Su abogado, Humberto Abanto, reforzó esta postura y cuestionó que se pretenda responsabilizar al gobernador regional por el manejo de montos que representan una fracción mínima del presupuesto total del Gore Callao, que supera los S/ 1.500 millones.
Castillo también rechazó la versión fiscal que lo vincula con una supuesta “caja chica” manejada por su entorno. “Se dice que es mi cajero, porque simplemente se dice”, afirmó, insistiendo en que no existen pruebas que acrediten esa acusación.
Durante la entrevista, el exgobernador respondió a los cuestionamientos sobre la “indignidad” de su situación, hablando desde la clandestinidad en un baño. “Lo que me parece indigno, Lorena, es que se hayan ensañado contra mí y me digan que soy un delincuente, jefe cabecilla de una banda delincuencial”, sostuvo, reiterando su disposición a colaborar con la justicia, siempre que se le permita enfrentar el proceso en libertad.
El Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo Rojo, medida que se hará efectiva cuando sea capturado. Mientras tanto, la vicegobernadora asumió el control del Gobierno Regional del Callao en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo a la región.
La figura de Castillo, que alcanzó notoriedad nacional tras la búsqueda de su hijo desaparecido en el Cañón del Colca en 2011 y que lo llevó a ganar el gobierno regional con más del 70% de los votos, enfrenta ahora su momento más crítico. Entre acusaciones de corrupción, una orden de captura y un discurso de persecución política, el exgobernador permanece oculto, mientras el caso ‘Los Socios del Callao’ avanza en los despachos fiscales.
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