La mañana de este miércoles no fue una más en la sede del Gobierno Regional del Callao. A las 8:30 horas, Ciro Castillo cruzó nuevamente sus puertas para retomar formalmente el cargo de gobernador regional, tras varios días de espera luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra.
El retorno se produjo luego de que la medida de 24 meses fuera reemplazada por comparecencia con restricciones, lo que permitió su reincorporación a la gestión regional. Castillo sostuvo que, tras la decisión judicial, la restitución en el cargo debió ser inmediata.
Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser ordenado. El gobernador denunció públicamente que la exgobernadora interina, Edita Vargas, obstaculizó su ingreso durante tres días, lo que calificó como una situación injustificada y ajena a la ley.
“Hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme nuevamente cargo del Gobierno Regional”, declaró Castillo en conferencia de prensa, dejando ver su malestar por lo ocurrido.
El gobernador fue más allá y atribuyó la demora a una decisión deliberada. “No se me hizo ingresar al Gobierno Regional porque a la señora y a los que la rodean no les dio la gana de hacerme ingresar”, afirmó, cuestionando los motivos detrás de la negativa.
Castillo rechazó los argumentos de la gestión interina, que había advertido presuntos riesgos para investigaciones sobre hechos irregulares en la administración regional. A su juicio, dichas funciones no les correspondían. “Ellos no tienen por qué estar investigando”, señaló, indicando que cualquier denuncia debía ser canalizada ante el Ministerio Público.
En ese contexto, confirmó que mantendrá las acciones legales por presunto delito de usurpación de funciones. “La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta (…) van a ser manejados por el estudio de abogados que hemos contratado”, precisó.
El gobernador también remarcó que la suplencia interina culminó automáticamente con su presencia física, ordenada por el Poder Judicial. Según explicó, no se trataba de interpretaciones administrativas, sino de la aplicación directa del mandato judicial.
Durante su pronunciamiento, Castillo respondió a los cuestionamientos sobre su estado de salud y capacidad para ejercer funciones. Aseguró encontrarse plenamente apto para continuar al frente del Gobierno Regional del Callao.
“Como ustedes pueden ver, estoy en uso de mis facultades mentales superiores”, sostuvo, aunque reconoció tener las dolencias propias de su edad. En esa línea, defendió su legitimidad para continuar en el cargo y aseguró contar con respaldo judicial y ciudadano.
“La capacidad moral me la da el juzgado que me está reinsertando en la función para la que me eligió el pueblo”, afirmó, señalando que se siente en condiciones de no defraudar a la población chalaca.
Castillo también descartó que existan investigaciones internas que impidan su retorno. Tras dialogar con el exgerente general de la gestión interina, aseguró que “no existe absolutamente nada” que limite su reincorporación y advirtió que cualquier indagación fuera de los canales legales implicaría una usurpación de funciones.
Finalmente, reiteró su disposición a colaborar con cualquier observación administrativa que se le comunique formalmente. Mientras tanto, su retorno marca un nuevo capítulo en la crisis política del Gobierno Regional del Callao, en paralelo al proceso judicial que continúa bajo las restricciones impuestas por el juzgado.
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