LA MAYORÍA DE CONGRESISTAS está en una competencia incontenible para ser iguales o peores que los del nefasto Congreso anterior. El miércoles le propinaron un duro golpe a la lucha contra la corrupción, que tanto pregonaron durante la campaña electoral: dejaron sin efecto la obligación de presentar su Declaración Jurada de Intereses (DJI), como lo establecía un decreto dictado por el gobierno en diciembre del año pasado.
Esa información es muy distinta a la declaración jurada de bienes y rentas, en la que solo se consignan las propiedades e ingresos antes de asumir el cargo. Los 130 parlamentarios han cumplido con presentarla. La DJI, sin embargo, es más completa. Allí deben detallar sus vínculos profesionales, laborales, comerciales y consultorías durante los últimos cinco años, antes de ser parlamentarios.
Cualquier ciudadano puede acceder a esta declaración en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esa información es vital para identificar los posibles conflictos de interés que pudieran tener a la hora de presentar o defender un proyecto de ley. En el Congreso pasado, hubo casos escandalosos de congresistas que, aprovechando su puesto, beneficiaron a exclientes y empresas vinculadas a ellos.
Desde que resultaron electos, los nuevos parlamentarios se negaron a cumplir con dicha obligación, que sí acatan los 40 mil funcionarios públicos. Solo 9 de ellos -el primero fue el congresista Gino Costa- presentaron su DJI. El resto se zurró de la norma. Y el martes, de un solo brochazo, la mayoría pasó a mejor vida.
A partir de ahora, ¡ellos mismos decidirán qué información entregarán! Fue el partido Acción Popular, el más votado en las elecciones, el que propuso su eliminación. Le siguieron Alianza Para El Progreso (APP), Somos Perú (SP), el Frente Amplio (FA), Podemos Perú (PP) y Unión por el Perú (UPP).
Los tres últimos son liderados por Marco Arana, Daniel Urresti y Antauro Humala, quienes se ufanan de luchar contra la corrupción. Ellos argumentan que sus DJI serán enviadas a la Contraloría. Olvidan que dicha institución nunca detectó los robos que se cometieron en los gobiernos anteriores. La semana pasada, incluso, la fiscalía anticorrupción allanó su local por compras sobrevaluadas, que se hicieron aprovechando la pandemia del coronavirus.
¿Por qué los congresistas le temen tanto a las declaraciones juradas de intereses? ¿Qué chanchullos esconden? ¿Cuántos estarán vinculados a las empresas de transporte de carga que se han beneficiado con la suspensión del pago de peajes, aprobada por ellos la semana pasada?
El descrédito del Congreso es notable. Designaron a Martha Chávez, Edgar Alarcón y Omar Cheade en las estratégicas comisiones de Defensa, Fiscalización y Constitución, respectivamente. Chávez se reunía con Vladimiro Montesinos, Alarcón tiene varias investigaciones de cuando fue contralor, y Chehade fue ‘ampayado’ haciéndole lobbie con su hermano a favor de una empresa.
Como en Netflix, la segunda temporada de ‘chongreso’ peruano está en pleno rodaje. Nos vemos el otro martes
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