¿SE ACABÓ EL SHOW? La Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra la congresista Cheryl Trigozo Reátegui por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado, luego de que se descubriera que el asesor principal de su despacho habría fungido como manager de la agrupación de cumbia ‘Sonido 2000′, donde la mencionada legisladora de Alianza para el Progreso (APP) es vocalista.
Según un informe periodístico del portal ‘El Foco’, su asesor principal, Miguel Carrión, habría concretado conciertos durante su horario laboral en la sede del Parlamento. Asimismo, se refirió que gracias a estas gestiones se pactaron presentaciones musicales en diversas ciudades del país e incluso en Santiago de Chile.
Al respecto, Cheryl Trigozo afirmó hace unos días que el trabajador de su despacho Miguel Carrión no es mánager de la agrupación Sonido ‘2000′.
Sin embargo, al ser consultada por la presencia de él en los conciertos de la orquesta, aseguró que Carrión, además de ejercer como auxiliar, es su chofer particular, ya que es un empleado “multifunciones”.
“No es de todos los fines de semana. La manager y dueña de la agrupación es la señora Mari Reátegui Alvarado, ella es mi mamá. Él (Miguel Carrión) trabaja desde hace muchos años conmigo, es mi asistente, que me acompañe no tiene nada de malo. Es mi asistente, mi conductor personal. Recibe un sueldo del Parlamento, pero es multifunciones, es un auxiliar, él no es un asesor”, manifestó.
Asimismo, descartó haber faltado a alguna comisión o pleno del Parlamento y que, darse alguna investigación en su contra “no tiene ningún problema” en responder por este caso.
La Procuraduría General del Estado también informó que solicitó el inicio de diligencias preliminares contra la congresista María Cordero Jon Tay (No agrupada) tras conocerse que habría utilizado a un trabajador de su despacho para realizar gestiones privadas ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
A través de X (antes Twitter), la PGE detalló que la legisladora debería ser investigada por la presunta comisión del delito de peculado doloso.
En un reportaje emitido por ‘Punto final’ se señala que Ronald Castillo Rojas, quien trabaja como técnico en el despacho de Cordero, acudió a la APCI el martes 15 de agosto para gestionar un asunto de la ONG Amistad Perú Latinoamérica, de la que Cordero fue representante.
La ONG, según se indica en el informe periodístico, tiene a familiares de Cordero en otros cargos directivos.
María Cordero Jon Tay también es investigada por la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho. Ella, hasta el momento, no ha acudido a las citaciones de ambos grupos de trabajo.
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