¿PELIGRO DE FUGA? La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó impedimento de salida del país para la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Dicho requerimiento se presentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el marco de las investigaciones seguidas contra la extitular del Ministerio Público.
El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por su probable pertenencia a una organización criminal. “Ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”, señaló el Ministerio Público.
Los fiscales del Eficcop, que lidera Marita Barreto, detuvieron a siete personas en una operación que empezó la madrugada de este martes 23 de abril, denominada “Valkiria XI” contra personas vinculadas al círculo de confianza de Patricia Benavides.
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En total, fueron 23 fiscales con apoyo de más de 100 policías que lograron estas detenciones, así como el allanamiento de unas 21 viviendas en los distritos de San Miguel, Miraflores, Lince, Santiago de Surco, Barranco, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima.
Los detenidos son Miguel Ángel Girao Isidro (36), Abel Hurtado Espinoza (41), José Luis Castillo Alva (50), Giancarlo Valer Enciso (43), Jorge Luis Palomino Quesada (43), Mirtha Cristina Gonzales Yep (54) y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho (35).
¿DE QUÉ SE LES ACUSA?
Según el Ministerio Público, la presunta organización criminal, liderada por Patricia Benavides, habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.
Dicha red logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada, y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus ex asesores, influyan ilícitamente en las decisiones de congresista para que procuren promover la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación.
También habría influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y habrían buscado la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.
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