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El Poder Judicial declaró como infundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público contra la ex primera dama Nadine Heredia y los exministros del gobierno de Ollanta Humala, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, investigados por presuntos actos ilícitos a favor de Odebrecht en el caso Gasoducto Sur Peruano.
El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena dictó, en lugar de prisión preventiva, comparecencia con restricciones contra Heredia, Castilla y Mayorga, con reglas de conducta que incluyen no comunicarse entre ellos y otros investigados en este caso, así como con testigos. Además, deberán pagar una caución de S/50 mil en un plazo de 10 días y presentarse una vez al mes para realizar un control biométrico ante el Poder Judicial.
Según la resolución que fue leída en una audiencia virtual esta mañana, el magistrado consideró que los indicios que presentó la fiscal del equipo especial Lava Jato, Geovana Mori, no podían ser considerados como suficientes para dictar prisión preventiva, ya que no otorgaban el grado de “sospecha grave” de que Nadine Heredia haya cometido los actos ilícitos.
“En una evaluación de todos los elementos de convicción del Ministerio Público, así como de la defensa, de manera individual y conjunta, como exige el acuerdo plenario, a la luz de las consideraciones [...] este juzgado considera que no se ha alcanzado el grado de sospecha grave que se requiere para imponer esta medida cautelar”, se leyó en la audiencia.
Principalmente, el juez Sánchez Balbuena rechazó las declaraciones de José Graña y Hernando Graña que señalaban que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, les aseguró que había coordinado con Ollanta Humala y Nadine Heredia la posibilidad de que el proyecto Gasoducto volviera a ser licitado y luego otorgado a la empresa brasileña a cambio del apoyo económico que se hizo en la campaña presidencial del 2011.
Para el magistrado, ambos son testimonios de referencia y no han sido corroborados por el mismo Jorge Barata a la fecha, por lo que no se pueden considerar como indicios sólidos de que se hayan realizado negociaciones para favorecer a Odebrecht.
Por último, en el caso de los tres investigados, Sánchez Balbuena consideró que no existe riesgo de fuga porque tienen arraigo familiar y domiciliario, ni riesgo procesal, tras haber descartado que hayan pruebas suficientes para sindicarlos de haber querido direccionar el testimonio de otros investigados, como el exministro Jorge Merino Tafur.
