Esta mañana, el Tribunal Constitucional (TC) marcó un nuevo punto de quiebre en el enfrentamiento institucional que sostiene con el Poder Judicial. Con una medida cautelar aprobada por mayoría, decidió suspender las resoluciones que ordenaban reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y que pretendían anular el concurso para elegir a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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La decisión se mantendrá vigente hasta que el TC emita una sentencia definitiva sobre el conflicto competencial. Según el documento, existía un riesgo grave e inminente de que nuevas medidas judiciales afectaran directamente la labor y conformación de la JNJ antes de resolverse el caso de fondo.
El Tribunal señaló que la orden de reponer a Espinoza constituía una amenaza directa contra la esfera competencial de la JNJ, especialmente en lo referido a su potestad disciplinaria. Esta facultad, recordó, forma parte del núcleo constitucional que el Poder Judicial no puede interferir.
Además, el TC advirtió que la tentativa de anular el concurso público para elegir a los miembros del organismo también podía tener un impacto negativo en sus funciones, en un contexto de tensiones crecientes entre ambas instituciones.
TC DETIENE REPOSICIÓN DE DELIA ESPINOZA
Con la medida cautelar concedida, el Tribunal dejó en suspenso las resoluciones judiciales que habían ordenado a la JNJ reponer a Delia Espinoza en un plazo de dos días. También estableció que ningún órgano del Poder Judicial podrá emitir fallos que comprometan las competencias constitucionales del organismo.
“Existe un riesgo inminente y grave”, advirtió el TC en su resolución, señalando que la medida cautelar emitida previamente por el Noveno Juzgado Constitucional podía generar una lesión irreparable en la competencia de la JNJ. Según el fallo, suspender provisionalmente el procedimiento disciplinario contra Espinoza significaba obstruir la potestad disciplinaria asignada a la JNJ por mandato constitucional.
La votación no estuvo exenta de tensión. Cuatro magistrados respaldaron la suspensión: Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Mientras tanto, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.
El caso continúa bajo evaluación del máximo intérprete de la Constitución, que deberá resolver el conflicto competencial en una sentencia definitiva. Hasta entonces, la medida cautelar se mantendrá firme.
UNA JORNADA LLENA DE TENSIONES EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Mientras la pugna avanzaba en el Tribunal Constitucional, otra escena se desarrollaba en el Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos no logró elegir al nuevo fiscal de la Nación en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles, debido a que el debate se centró únicamente en la situación de Delia Espinoza.
La fiscal inhabilitada llegó a la sede del Ministerio Público acompañada de personal de seguridad y dos supuestos exmiembros del Ejército. Su presencia incrementó la tensión, pues el Congreso la había inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, una sanción aprobada apenas días atrás.
Espinoza buscaba ejercer su derecho a ser escuchada, al considerar arbitraria su inhabilitación. Sin embargo, dentro del Ministerio Público su llegada fue vista como una irrupción inoportuna que opacó la agenda central: definir la elección del nuevo fiscal de la Nación.
La fiscal Delia Espinoza dijo que este Congreso busca doblegarla.
Según el fiscal interino Tomás Gálvez, la sesión debía establecer si los fiscales supremos procederían a elegir a un nuevo titular ante la imposibilidad de que Espinoza regresara al cargo. Gálvez, Sánchez, Ávalos, Benavides y Villena sí participaron de la cita. Espinoza no fue convocada formalmente debido a su condición de inhabilitada.
En paralelo, también se evaluaban los plazos para reincorporar a Luis Arce Córdova, cuyo retorno añade complejidad al reordenamiento interno del Ministerio Público por las investigaciones en las que estuvo involucrado.
Con el liderazgo institucional aún sin rumbo definido, resurgen los acuerdos tácitos entre los fiscales supremos, quienes buscan que cada uno tenga la oportunidad de encabezar el Ministerio Público. Los nombres que más suenan son Gálvez, Villena y, para algunos sectores, Patricia Benavides, cuyo periodo quedó inconcluso.
La incertidumbre se mantiene. El Tribunal Constitucional congeló temporalmente el avance del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos tampoco logró un acuerdo. La tensión crece en medio de decisiones que siguen marcando el rumbo del sistema de justicia.
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