El avance en las encuestas no ha llegado solo. En la recta final hacia las elecciones del 2026, el nombre de Roberto Sánchez Palomino empieza a sonar con más fuerza, pero también con más peso. Un reportaje emitido por Cuarto Poder sacó a la luz un historial que no aparece en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú acumula ocho denuncias ante la Fiscalía por delitos que incluyen peculado, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad ideológica. Sin embargo, ninguno de estos procesos fue consignado en el documento oficial con el que busca llegar a la presidencia.
Roberto Sánchez. Foto: GEC
Las denuncias más documentadas se remontan a su paso como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. En ese periodo de 17 meses, registros revisados muestran el uso de fondos de caja chica para gastos de alimentación en reuniones de trabajo.
Las facturas evidencian consumos en pollerías y cevicherías que, en algunos casos, superaron los 400 soles, con cargo al presupuesto del Estado. Estos gastos forman parte de una investigación que apunta al uso de recursos públicos durante su gestión.
Pero no es lo único. La Fiscalía también abrió una investigación a dos trabajadores de su despacho por presuntos recortes de sueldos a colaboradores. Según la denuncia, se descontaba al menos el 10% de sus remuneraciones a cambio de renovar contratos.
DINERO, PARTIDO Y ACUSACIONES INTERNAS
Las sombras también alcanzan al manejo de fondos dentro de su propia organización política. Otra investigación fiscal apunta a lo ocurrido durante las elecciones regionales y municipales del 2018.
Según las denuncias recogidas, los militantes que querían postular debían realizar pagos que no ingresaron a cuentas oficiales del partido, sino a una cuenta personal del hermano de Sánchez. Un estimado ubica lo recaudado a nivel nacional por encima del millón de soles.
El exmilitante Leandro Serna señaló que estos montos nunca fueron rendidos con claridad. A esto se sumó la versión de Yehude Simon, fundador de Juntos por el Perú, quien acusó a Sánchez de haberse apropiado del partido y de no transparentar las cuentas.
“Se apoderó del partido. Las cuentas nunca transparentó, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso”, afirmó.
Simon también fue más allá al describirlo como un personaje peligroso para la política, la izquierda y el país, señalando que carece de moral y ética, según su experiencia dentro de la organización.
A pesar de estas acusaciones, la denuncia por administración fraudulenta fue archivada sin que se realizara una pericia contable. Sin embargo, el caso se suma a otras investigaciones, como una presunta acta falsa que habría sido utilizada para que Sánchez fuera reconocido ante el JNE como presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Fuente: Cuarto Poder.
PROYECTOS CUESTIONADOS Y CRECIMIENTO ELECTORAL
En el Congreso, su actividad legislativa también ha sido objeto de cuestionamientos. Más de una decena de iniciativas han sido señaladas por favorecer actividades mineras al margen de la ley.
Entre ellas, figura un proyecto que propone una nueva prórroga del REINFO y el reingreso de 50,000 mineros ilegales al padrón de formalización. Otra iniciativa exime a microproductores mineros ancestrales de presentar permisos para el uso de explosivos y de instrumentos de gestión ambiental.
La congresista Diana Gonzáles advirtió que Sánchez operaría como una figura de poder dentro de la Comisión de Energía y Minas, incluso sin ocupar formalmente su presidencia. Según su versión, las decisiones y agendas responderían directamente a sus oficios.
El historial judicial se amplía con seis carpetas fiscales en curso, entre ellas una por rebelión tras el intento de golpe de Estado del 2022, además de investigaciones por concusión, colusión, cohecho pasivo impropio y peculado.
También figura una investigación por presunto peculado en el uso indebido de recursos destinados a asistencia social, así como una denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas junto a su hermano.
En paralelo, surgen cuestionamientos por presuntos beneficios a su entorno cercano. Su hermano obtuvo órdenes de servicio en municipalidades, su sobrina recibió contratos en el CONADIS y su esposa habría sido beneficiada por una ley que él impulsó desde el Congreso.
Roberto Sánchez junto a Betssy Chávez.
A esto se suman observaciones a su plancha presidencial. Analí Márquez fue sancionada por la ONPE por no transparentar aportes de campaña, mientras que Brígida Curo fue imputada por disturbios y violencia.
Todo este escenario aparece mientras Sánchez crece en intención de voto. Según una encuesta de Ipsos Perú, alcanzó el 5% a nivel nacional, empatando en el tercer lugar, tras haber iniciado el año con apenas 0,6%.
Su mayor respaldo se encuentra fuera de Lima, donde llega al 11% en el Perú rural, superando en ese segmento a otros candidatos mejor posicionados a nivel nacional.
Sin embargo, el peso de las denuncias, las investigaciones fiscales y los cuestionamientos por su gestión pública y partidaria acompañan su candidatura en los días decisivos previos a las elecciones del 12 de abril, en un escenario donde su nombre avanza en las encuestas, pero también en la polémica.
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