El Poder Judicial ordenó diez meses de impedimento de salida del país contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta un juicio oral por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado. La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria como medida cautelar para garantizar que la exfuncionaria permanezca en el territorio nacional durante todo el proceso.
La resolución detalla que la medida entrará en vigencia desde el 12 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 11 de julio de 2026. El documento ya fue notificado a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su registro y ejecución inmediata.
El juez supremo Edhín Campos Barranzuela precisó que el proceso contra la ex premier se encuentra en etapa de juicio oral y cuenta con “sospecha suficiente” respecto a su participación en los hechos investigados. Según el magistrado, este estándar probatorio es suficiente para dictar restricciones de este tipo.
Además, Campos recordó que la acusación formal presentada por la Fiscalía sostiene que Chávez habría tenido conocimiento o participación en las acciones impulsadas por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial.
El impedimento de salida fue solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El Ministerio Público alegó que era necesario imponer una restricción que asegure la permanencia de Chávez, ante el riesgo de que pueda abandonar el país mientras se desarrolla el juicio.
Actualmente, la exministra se encuentra bajo comparecencia restringida, lo que incluye reglas como presentarse semanalmente para el control biométrico y no ausentarse del país sin autorización judicial. Sin embargo, el juez advirtió que estas medidas no garantizan un control migratorio efectivo en caso de que intentara salir del territorio nacional.
La Fiscalía había solicitado inicialmente un año de impedimento de salida, pero el juez resolvió fijarlo en diez meses. El periodo coincide con el cronograma estimado para el desarrollo de las audiencias del juicio oral.
En caso de ser hallada culpable del delito de rebelión, Betssy Chávez podría afrontar una pena que, según la normativa vigente, alcanza hasta 25 años de prisión.
No es la primera vez que la ex premier se ve alcanzada por medidas restrictivas. Chávez fue encarcelada previamente en el marco del mismo proceso, pero el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación el pasado 4 de septiembre.
El máximo intérprete de la Constitución anuló la ampliación de la prisión preventiva por considerar que fue emitida fuera del plazo legal. En su resolución, utilizó el término “exceso de carcelería” y ordenó su inmediata liberación.
Tras el fallo del TC, la Fiscalía desistió de seguir insistiendo en una nueva prisión preventiva y optó por solicitar el impedimento de salida como alternativa para garantizar la presencia de la acusada en el juicio.
De esta manera, Betssy Chávez, quien fue una de las principales figuras del gobierno de Pedro Castillo, seguirá enfrentando su proceso en libertad, pero sin la posibilidad de salir del Perú hasta mediados del 2026.
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