La tensión en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos llegó al límite. La ex primera ministra Betssy Chávez suspendió la huelga de hambre seca que mantenía desde hace varios días, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El anuncio se produjo después de que la exfuncionaria difundiera una carta testamentaria en la que dejaba instrucciones en caso de fallecimiento y denunciaba presuntos abusos.
En su dramática misiva, Chávez escribió que no deseaba recibir atención médica y pidió despedirse de sus padres a través de una videollamada. Además, expresó que sus restos debían ser cremados y responsabilizó al INPE de someterla a torturas psicológicas, impidiéndole ejercer su defensa legal.
“Solicito que mis restos le sean entregados al Dr. Raúl Martin Noblecilla Okechea en la morgue de Lima y se cumpla todo el protocolo de ley, siendo él el encargado de llevarlos a mi ciudad natal TACNA, donde pido que sean cremados”, dice en su misiva.
La institución penitenciaria, a través de un comunicado oficial, informó que Chávez desistió de su medida extrema y que a las 11:30 de la mañana decidió ingerir alimentos. También indicó que fue trasladada al tópico para una evaluación médica, “tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado”.
En la carta que hizo pública, la exjefa del Gabinete aseguró que sufría “acoso, maltrato y tortura” dentro del penal. Denunció que no se le permitía desplazarse al baño, que era víctima de amenazas y que incluso era enviada a audiencias judiciales bajo efectos de medicamentos como fluoxetina y alprazolam.
Chávez pidió la bendición de un sacerdote y señaló que su madre, Herminia Chino Ccalli, debía ser reconocida como su representante legal para defender sus derechos.
Horas después de conocerse la carta, el INPE aseguró que Chávez había realizado sus actividades con normalidad dentro del penal, permaneciendo en el patio con sus compañeras y recibiendo la visita de su abogado en dos oportunidades.
El comunicado de la institución recalcó que la salud de la interna era estable y que seguirán cumpliendo con los protocolos habituales de resguardo. “El INPE seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de su salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, señalaron.
Sin embargo, en su pronunciamiento público, el organismo no respondió directamente a las acusaciones de tortura psicológica ni a las restricciones en el ejercicio de la defensa legal denunciadas por la exministra.
El episodio se produce mientras Chávez afronta un complicado proceso judicial. El Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión en su contra por el presunto delito de rebelión, tras los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó un fallido golpe de Estado.
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