La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), dijo que la expremier Betssy Chávez emplea “estrategia”, como entregar su pasaporte diplomático.
LEE TAMBIÉN: CASO “EL ESPAÑOL”: DIFUNDEN FOTOS DE CONGRESISTA CORDERO JON TAY EN PANAMÁ
“Quiere dar señales de que no tiene intenciones de salir del país. Quizás pudiera ser cierto, el problema es que no solo está el riesgo de que podría fugar del país, sino que también podría buscar asilo en las embajadas que tienen como aliados (…). La situación de la señora Chávez es bastante complicada, de repente en una decisión desesperada para evadir la justicia, podría buscar asilo político”, sostuvo.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio enfatizó que Chávez “está obstaculizando las investigaciones, y tratando de sacar un rédito político a las investigaciones, para tener una presencia activa en el desenvolvimiento de los hechos, y victimizarse, como lo ha hecho Pedro Castillo. Usa argucias políticas, frente a los medios de comunicación, para tener en duda a la población”.
TE PUEDE INTERESAR: BETSSY CHÁVEZ: PODER JUDICIAL SOLICITÓ AL CONGRESO REFORMULAR EL PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DE LA CONGRESISTA
NUEVO DELITO
Lamas Puccio también se refirió al reportaje de ‘Panorama’, donde se informó que Chávez cobró al mismo tiempo su sueldo de congresista y de ministra de Trabajo y Cultura.
“Esto es una responsabilidad funcional y penal (…) Cobrar doble sueldo es ilegal, pero en el caso de ella es una raya más al tigre. Pero de que tarde o temprano ella va a terminar presa, no tengo la menor duda”, dijo a Trome.
SUBSANAR PEDIDO
El Poder Judicial declaró inadmisible la solicitud de la Comisión Permanente del Congreso para que se dicte impedimento de salida del país a Betssy Chávez y Roberto Sánchez. Se enfatizó que en el petitorio no se detalla la temporalidad de la medida (duración), ni se fundamentan los elementos de convicción.
El magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (el cual emitió el fallo), otorgó un plazo de tres días para que el Congreso subsane la solicitud “bajo apercibimiento de ser rechazada”.