La historia política de Betssy Chávez, marcada por su rol en el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, da un nuevo giro. Tras ser excarcelada por orden del Tribunal Constitucional (TC), la ex primera ministra no regresará a su casa en Tacna ni se mantendrá al margen de la política. Muy por el contrario: volverá al Congreso de la República, ahora como asesora personal de confianza del congresista Roberto Sánchez.
El legislador presentó el Requerimiento de Personal N.º 10533 para formalizar su designación como asesora nivel 8, un puesto que le permitirá recibir más de S/ 10 mil mensuales, además de beneficios adicionales como seguro privado, bonos sindicales y gastos de alimentación.
El proceso para ocupar el cargo es simple: no requiere concurso público, basta con presentar documentos básicos y una declaración jurada.
“La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario”, sostuvo Sánchez en defensa de la polémica decisión. El congresista, también exministro de Castillo, aseguró que la contratación es legal y constitucional, sin impedimentos.
Sánchez fue uno de los parlamentarios más cercanos a Chávez durante los meses que pasó en prisión preventiva. No solo la visitó en el penal, sino también en la clínica donde estuvo internada tras su excarcelación. Ahora, insiste en que tiene las credenciales para ser parte de su equipo en el Congreso.
La propuesta ha generado controversia, pues Chávez aún enfrenta un proceso judicial por rebelión y la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel en su contra. Sin embargo, la decisión del TC anuló la prolongación de la prisión preventiva y dispuso su libertad. El fiscal supremo Edward Casaverde explicó que ya había vencido el plazo legal para mantenerla recluida.
El abogado de la exministra, César Romero, confirmó que su patrocinada permanecerá en Lima y ya estaba gestionando contratos laborales. “Mi clienta, estando enferma, ha buscado una residencia en Lima y está pidiendo el requerimiento laboral”, señaló.
En paralelo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó en julio un informe que recomienda inhabilitarla por diez años por su participación en el golpe de Estado. Pese a ello, Chávez podría instalarse nuevamente en el Parlamento, ahora como asesora, bajo la protección de Sánchez.
El legislador lo resume sin dudas: “Cumple requisitos, es legal, es de ley, derecho constitucional. ¿Alguien me lo va a impedir? No creo, porque el derecho y la razón siempre priman”.
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