Este lunes, la expremier Betssy Chávez fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Su estado de salud se complicó luego de permanecer diez días en huelga de hambre seca, una medida que inició como protesta por los supuestos abusos en el penal de mujeres de Chorrillos.
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La noticia fue confirmada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien responsabilizó directamente al Gobierno de Dina Boluarte. “Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle”, escribió en redes sociales.
El INPE informó que el traslado de Betssy Chávez al Hospital María Auxiliadora respondió a una indicación médica preventiva. Foto: INPE.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el traslado se realizó por indicación médica preventiva, para descartar complicaciones mayores. Sin embargo, la defensa de Chávez difundió un informe del hospital que alertaba que la exministra estaba en riesgo de vida.
“Llegó con desnutrición por inanición y el corazón debilitado (bradicardia) tras diez días de huelga de hambre”, denunció Noblecilla. El abogado acusó además al INPE de guardar silencio frente a la gravedad del diagnóstico.
¿QUÉ DICE EL INPE?
Desde el penal, las autoridades aclararon que Chávez ha recibido monitoreo médico constante desde el inicio de su protesta y que toda la información sobre su estado se comparte con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
“Por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora”, indicó el organismo.
El INPE agregó que toda la información sobre su estado de salud será remitida al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, entidades que supervisarán el caso. Asimismo, destacó que la expremier recibe monitoreo médico constante para descartar cualquier complicación.
¿POR QUÉ PROTESTA?
Chávez, de 36 años, cumple prisión preventiva mientras es investigada por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Ella asegura que su huelga de hambre es una forma de protesta contra los presuntos maltratos penitenciarios y para exigir el traslado de cárcel junto a otras dos reclusas.
Antes de retomar su medida extrema, la expremier dejó incluso un testamento en redes sociales en el que advertía que no aceptaría hidratación ni reanimación en caso de un colapso.
No obstante, el INPE respondió que no existen pruebas de los malos tratos denunciados por Chávez y que nunca presentó formalmente una solicitud de traslado, requisito indispensable para ser evaluado.
Betssy Chávez, junto a su abogado Raúl Noblecilla, durante la novena audiencia del juicio por el golpe de estado. Foto: GEC / Julio Reaño
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) respaldó a la exministra tras una visita al penal, pidiendo que sea trasladada. Pero otras reclusas señalaron que Chávez cuenta con comodidades en su celda y cuestionaron que sus denuncias públicas “no se ajustan a la realidad”.
Mientras tanto, Pedro Castillo, en una reciente audiencia judicial, pidió a Chávez que deponga su medida: “Al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto, sino acompañándolo en sus luchas permanentemente”.
En paralelo a la huelga, la defensa de la expremier presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la prisión preventiva, alegando irregularidades en el proceso. La Defensoría del Pueblo también ha solicitado participar como amicus curiae en este trámite.
Chávez afronta una posible condena de 25 a 34 años de cárcel, junto a otros exintegrantes del gabinete de Castillo. Por ahora, su futuro depende no solo del avance judicial, sino de su resistencia física frente a una medida de protesta que ya la tiene al límite de sus fuerzas.
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