El Poder Judicial (PJ) desestimó esta madrugada el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra del excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo, así como de otros tres exmandos implicados en el caso denominado “ascensos irregulares” durante el gobierno de Pedro Castillo.
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Los otros investigados con los que se adoptó una similar medida son el general PNP Luis Enrique Legua Egocheaga, el mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón y el suboficial PNP Jorge Tarrillo, quien fue escolta del expresidente Castillo.
En audiencia que culminó en horas de la madrugada, el juez de investigación preparatoria nacional Leodán Cristobal Ayala desestimó el pedido del Ministerio Público, al no encontrar elementos suficientes del peligro procesal de fuga o de obstaculización de las investigaciones.
Por ello, el magistrado del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional les impuso comparecencia restringida con impedimento de salida del país por 36 meses, reportar sus actividades al juzgado, cada 30 días y prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, mientras se desarrolle la investigación.
Además, deberán pagar una caución a nombre del Poder Judicial, en el caso de Javier Gallardo Mendoza de 10 000 soles, mientras que Luis Tuesta Ramos (7000 soles), Luis Legua Egocheaga (8000 soles) y Jorge Tarillo Gálvez (4000 soles) pagarán montos menores.
Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó aplicar 36 meses de prisión preventiva contra el excomandante general de la Policía Nacional Javier Gallardo y otros tres exmandos de esta institución, por el caso de ascensos ilegales producido en el anterior gobierno donde se investiga a un grupo de catorce oficiales policiales.
APELACIÓN FISCAL
Al respecto el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder apeló la decisión del Poder Judicial de dictar mandato de comparecencia con restricciones contra Javier Gallardo, Jorge Tarrillo, Luis Tuesta y Luis Legua, oficiales de la PNP investigados por el caso “ascensos irregulares”.
La tesis fiscal es que serían parte del ‘brazo policial’ de la presunta organización criminal que lideró Pedro Castillo al interior de su gobierno.
Dentro de esa supuesta red ligada al ‘brazo policial’, se indagan presuntos pagos hechos por coroneles de la Policía para ascender a generales, esto durante la gestión de Gallardo como comandante general de la PNP.
En el caso de Gallardo, la Fiscalía le atribuye un rol como coordinador del ‘brazo policial’ y haber recibido al menos tres pagos de 40 mil dólares por el ascenso de tres coroneles a través de intermediarios.
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En tanto, Legua es señalado como uno de los generales que pagó por su ascenso; mientras que Tuesta y Tarrillo son señalados como captadores. Al primero también se le atribuye haber cobrado los pagos.
Tras la decisión del juez Cristóbal Ayala, los investigados abandonaron la sede policial de la DIVIAC, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde se encontraban sometidos a una orden de detención preliminar a raíz de este caso.
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