El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró que se volverá a evaluar el estado de salud del expresidente Alberto Fujimori para determinar cuándo será trasladado desde el penal Barbadillo a una cárcel común.
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“Tenemos que ver nuevamente, tenemos que analizar nuevamente su estado de salud. En el momento en que el estado de salud lo permita, será trasladado a una cárcel común como cualquier preso”, indicó en declaraciones a Exitosa este martes 8 de febrero.
Aníbal Torres reiteró que uno de los motivos por los que se apartó del cargo de presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a Susana Silva Hasembank fue porque se permitió que Alberto Fujimori regrese al penal ubicado en la Diroes sin que se le informara como ministro.
“Existen informes en el INPE de órganos competentes que establecen que el señor tenía que estar en Ancón II, si es posible en el local del tópico para que goce de todas las comodidades. Sin embargo, la presidenta del INPE no me había comunicado cuándo volvió Fujimori, lo habían hecho subrepticiamente”, aseveró.
El ministro descartó que haya una fecha determinada para un posible traslado de Alberto Fujimori al manifestar que hay un procedimiento interno qué seguir. Pese a esto, replicó a las críticas contra este cambio de penal al asegurar que no hay sentencia que lo impida.
“Dicen que la Corte Suprema ha dicho que debe estar en ese lugar (Barbadillo) y es falso, eso no lo determina la Corte Suprema. Lo más que determina son ciertas condiciones que se tienen que cumplir exactamente. En esas condiciones (de salud, como fibrosis pulmonar) se encuentran muchísimos presos en diversas cárceles”, aseveró.
Cambios en el INPE
El Gobierno dio por terminada la designación de Susana Silva Hasembank como presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras dos años en el cargo.
La resolución suprema 025-2022-JUS, publicada el sábado 5 de febrero en el boletín de normas legales del diario El Peruano, oficializa la salida de Silva Hasembank y lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.
El documento señala, sin mayor precisión, que “resulta necesario dar por concluida la citada designación” que empezó con la publicación de la resolución 207-2020-JUS publicada en setiembre del 2020 y le da las gracias por los servicios prestados.
