La noche del 12 de enero de 2026 marcó un nuevo episodio en la carrera del fiscal provincial José Domingo Pérez. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público resolvió su apartamiento preventivo por un periodo de seis meses, al atribuirle presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 08-2026-ANC-MP-UPD-ADC-LIMA CENTRO, en la que se cuestiona el desempeño del magistrado en investigaciones de alto perfil, entre ellas el caso “Cócteles”, uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.
Fujimori y coimputados buscan que el PJ ejecute fallo que anuló el caso Cócteles. (Foto: Poder Judicial)
Según el documento, Pérez habría incumplido sus deberes funcionales al no perseguir el delito con la razonabilidad ni el respeto al debido proceso exigidos por la normativa vigente, lo que habría derivado en un impacto negativo para el desarrollo de las investigaciones y para la imagen institucional del Ministerio Público.
El pronunciamiento de la ANC señala que la acusación formulada en el caso “Cócteles” fue devuelta por el Poder Judicial hasta en 19 oportunidades, debido a observaciones tanto de forma como de fondo, situación que habría generado una demora injustificada en el proceso.
ERRORES Y OBSERVACIONES EN EL CASO “CÓCTELES”
Las reiteradas devoluciones de la acusación, según la resolución, evidenciarían deficiencias sustanciales en la labor fiscal. Para el órgano de control, estas observaciones no solo retrasaron el avance del caso, sino que también afectaron la percepción pública sobre el trabajo del Ministerio Público.
A ello se suma el cuestionamiento por la continuidad de Pérez en la investigación seguida contra el abogado Arsenio Oré Guardia, pese a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que advertía una vulneración al derecho de defensa. La ANC determinó que existía un impedimento legal para que el fiscal continuara a cargo de dicho proceso.
El documento sostiene que esta actuación habría comprometido la objetividad de la investigación, al mantenerse en un caso donde ya existía una advertencia expresa del máximo intérprete de la Constitución.
MEDIDA CAUTELAR Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
La suspensión dispuesta tiene carácter preventivo y busca asegurar la ejecución de la resolución final del procedimiento disciplinario, así como evitar la repetición de las conductas cuestionadas durante el proceso de investigación interna.
Entre los elementos considerados también figuran declaraciones públicas brindadas por el fiscal provincial, en entrevistas donde cuestionó la labor del Ministerio Público y del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, lo que fue evaluado por la ANC dentro del contexto disciplinario.
El fiscal José Domingo Pérez ingresa al Poder Judicial para participar en la audiencia del caso Cócteles.
Durante el periodo de apartamiento, José Domingo Pérez continuará percibiendo el 80 % de su retribución mensual, conforme a lo establecido en la resolución emitida por el órgano de control.
No es la primera vez que el fiscal enfrenta una medida de este tipo. En abril de 2025, la ANC ya había dispuesto una suspensión por seis meses, sanción que fue anulada en mayo del mismo año tras declararse fundada en parte su apelación ante el propio órgano de control.
Con esta nueva decisión, la Autoridad Nacional de Control abre nuevamente un capítulo de revisión disciplinaria en torno al desempeño del fiscal, mientras se define si las presuntas infracciones muy graves derivan en una sanción definitiva.
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