El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que los bienes inmuebles de Alejandro Toledo Manrique, así como los de su entorno familiar, pasen a ser propiedad del Estado, al haber sido presuntamente adquiridos con dinero de sobornos de la empresa Odebrecht.
“La Fiscalía de Extinción de Dominio presentó ante el Poder Judicial una demanda para que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo Manrique y su entorno familiar”, informaron a través de sus redes sociales.
Dicho pedido abarca la casa ubicada en la calle Cascajal, en la urbanización Las Casuarinas, San Borja; la de la calle Las Magnolias, en la Urbanización Camacho, La Molina; la de playa de Punta Sal, Tumbes; y las unidades inmobiliarias de la torre Omega, en la avenida Manuel Olguín, en Surco, según informó el la propia Fiscalía.
Dichos inmuebles fueron adquiridos por la suma de 5 millones 126 mil 716.14 dólares de las cuentas de la offshore Ecoteva, en Costa Rica, más 42 mil 237.70 dólares de una cuenta de Eva Rose Fernenbug, dinero que según la Fiscalía es del producto de delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos.
Estos bienes se encuentran desde el 2017 con medidas judiciales de embargo, desposesión e inscripción en Registros Públicos de impedimento de compra-venta, bajo la administración de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
Según el Ministerio Público, estos bienes fueron adquiridos con dinero producto de los pagos ilícitos de la empresa Odebrecht a favor de Alejandro Toledo, en el marco del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú–Brasil, Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA Sur).
En esta ocasión, la demanda de la Fiscalía busca que el Poder Judicial declare su decomiso y que pasen a propiedad del Estado de manera definitiva.
El expresidente Alejandro Toledo presentó esta semana un nuevo recurso legal para evitar su extradición al Perú, donde se le investiga por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicar la construcción de la carretera Interoceánica.
En una nueva solicitud, la defensa del exmandatario solicitó a la jueza principal del Tribunal para el Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, que emita una “orden judicial preliminar” que prohíba al Gobierno de Estados Unidos tomarlo “bajo custodia” o prisión preventiva y entregarlo a Perú para su extradición.
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“El Dr. Toledo respetuosamente requiere que esta Corte restrinja cualquier orden del gobierno para revocar la libertad bajo fianza, que se lo detenga bajo custodia para la extradición, o cualquier otra acción que frustre la decisión que tome esta Corte sobre este asunto”, se lee en el documento presentado por sus abogados, David Bowker y Kelsey Quigley.
El exjefe de Estado, además, solicitó que esta audiencia se celebre “a la brevedad posible”.
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