Alberto Otárola, expremier del gobierno de Dina Boluarte, suma una nueva investigación en su contra. Esta vez, el Ministerio Público lo acusa de presunto peculado de uso, es decir, por aprovecharse de un vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para realizar visitas personales —y fuera de agenda— al domicilio de Yaziré Pinedo, la joven con la que mantuvo una relación sentimental y que luego fue contratada por el Estado.
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Según reveló el diario Correo, un Lexus negro de placa EGS106, asignado a la PCM, fue captado ingresando en varias ocasiones al departamento de Pinedo en Lince. Las visitas ocurrieron durante el horario laboral de Otárola, lo que refuerza la hipótesis de que utilizó recursos públicos para asuntos privados.
En noviembre del año pasado, Pinedo ofreció una entrevista en la que confirmó que el expremier Otárolala visitó en su departamento en el distrito limeño de Lince varias veces.
“La movilidad en la que se trasladaba a mi casa era la de la PCM”, detalló Pinedo.
Yaziré Pinedo. Foto: GEC
LA FISCALÍA PONE LA LUPA
La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha solicitado los registros de uso del vehículo, además de citar a los choferes de la PCM y otros testigos que puedan dar cuenta del uso no autorizado del carro oficial.
Incluso se ha pedido a Sunarp información sobre la flota vehicular usada en ese periodo. Todo esto, con el fin de comprobar si Otárola faltó a su deber como funcionario y usó bienes del Estado para fines personales.
Cabe precisar que Yaziré Pinedo confirmó públicamente que Otárola la visitaba en movilidad del Estado. Esa declaración encendió las alarmas en la Fiscalía.
También hay imágenes de su ingreso y salida del domicilio de quien era su pareja, incluso, el chofer del vehículo se encarga de trasladarlo.
UN NUEVO DOLOR DE CABEZA
Otárola ya venía siendo investigado por negociación incompatible y colusión por las contrataciones de Pinedo en el Estado. Ahora, con esta nueva denuncia por peculado de uso, el caso se agrava.
El peculado de uso es un delito que se castiga con inhabilitación y hasta cárcel, dependiendo del daño ocasionado. Y tratándose de un expremier, el impacto político es aún mayor.
Además, como tiene calidad de alto funcionario, el Congreso deberá decidir si le levanta el fuero para que pueda ser procesado penalmente.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Todo apunta a que Otárola tendrá que dar explicaciones ante la Fiscalía y el Congreso. Si se comprueba que usó vehículos oficiales para fines privados, su situación legal se complicaría aún más.
Por ahora, ni Otárola ni la PCM han dado declaraciones sobre esta nueva acusación. Pero el silencio solo alimenta las sospechas en un caso que parece lejos de cerrarse.
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