El Ministerio Público allanó en la madrugada la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción y favorecimiento ilícito. El operativo que contó con el apoyo de la Policía Nacional en San Borja, también provocó la rápida reacción del abogado del familiar de la mandataria.
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Hasta el lugar llegó el letrado, Luis Vivanco, quien cuestionó duramente la medida y aseguró que su defendido no fue notificado sobre el proceso. Para la defensa, el procedimiento fiscal constituye una vulneración al debido proceso.
“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, expresó Vivanco, visiblemente incómodo con la supuesta ‘irregular’ intervención.
El licenciado también criticó que la Fiscalía no haya citado previamente a su patrocinado antes de ordenar el allanamiento. “Si tienes un caso, lo primero que haces es citar a la persona para preguntarle sobre los hechos, ¿cierto?”, cuestionó ante los medios de comunicación.
Abogado rechaza injerencia de Bouarte en mina El Dorado
La carpeta fiscal que involucra a Nicanor Boluarte contempla cuatro presuntos delitos: favorecimiento ilícito en procedimientos del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos, beneficios irregulares vinculados a la mina El Dorado y presunto ocultamiento de pruebas. Según el Ministerio Público, estas acciones habrían contado con la participación de actores cercanos al entorno del hermano de la mandataria.
Vivanco, sin embargo, rechazó cualquier nexo entre su defendido y los personajes mencionados en la investigación, entre ellos el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el general en retiro Percy Tenorio. Además, negó que Nicanor Boluarte haya tenido injerencia en el caso de la mina El Dorado, donde se investiga un intento irregular por recuperar la posesión del yacimiento entre agosto y septiembre de 2024, pese a que la autorización aún no estaba resuelta por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.
La defensa anunció que evaluará acciones legales para cuestionar la legalidad del allanamiento, mientras la Fiscalía continúa recabando información. El caso se suma a la lista de investigaciones que golpean al círculo cercano de la presidenta y promete seguir generando repercusiones en el ámbito político y judicial.
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