Luego de la fuga de seis adolescentes ocurrida el pasado 2 de mayo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, el Ministerio de Justicia anunció una medida contundente: el traslado de sus internos y la reubicación definitiva del establecimiento fuera de la capital.
El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, informó que 29 adolescentes han sido llevados al Anexo de Ancón I, un penal de mayor seguridad, tras detectarse que sus acciones ponían en riesgo la estabilidad del centro ubicado en el distrito limeño de San Miguel.
“Estas personas han sido trasladadas por precaución, luego de una investigación rápida que halló comportamientos que podrían estar vinculados a la reciente fuga”, explicó el funcionario.
El Ministerio de Justicia también confirmó que Maranguita dejará de funcionar en su actual sede. El Gobierno, en coordinación con ProInversión, ya gestiona la entrega de un terreno en provincia para la construcción de un nuevo centro juvenil.
“Será una infraestructura moderna, con capacidad para tres mil adolescentes, que cumpla con estándares adecuados de seguridad y rehabilitación”, precisó Alcántara.
El nuevo establecimiento reemplazará al actual centro, que funciona desde hace más de 70 años y ha sido objeto de reiteradas denuncias por hacinamiento, violencia entre internos, fallas en el resguardo perimetral y falta de control interno.
Como parte de las acciones inmediatas, el Ministerio Público ordenó la detención preliminar de nueve trabajadores de Maranguita, entre ellos cinco educadores y cuatro operadores de videovigilancia, por presunta negligencia o complicidad en la reciente fuga.
Los detenidos permanecerán bajo custodia durante 48 horas mientras se realizan las investigaciones.
“No estamos afirmando culpabilidad, pero hay indicios que deben ser evaluados. Dormían cerca del área de fuga y no dieron alerta alguna”, indicó Alcántara.
El escape ocurrido con una cuerda artesanal hecha de sábanas dejó al descubierto las serias fallas de seguridad. Las cámaras captaron a los menores caminando por las calles tras burlar el cerco, que además no estaba electrificado. El hecho generó preocupación en San Miguel y motivó al alcalde Eduardo Bless a pedir el cierre inmediato del centro.
El Gobierno ha respondido con el traslado de internos, la intervención del Ministerio Público y el anuncio de una nueva sede fuera de Lima.
“Estamos trabajando para garantizar una verdadera rehabilitación. Esta reestructuración no es solo una respuesta a la fuga, sino una necesidad urgente que asumimos con responsabilidad”, concluyó el viceministro.
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