
En los alrededores del penal Sarita Colonia, en el Callao, la señal de internet circuló durante un tiempo por caminos ajenos a la ley. No fue un servicio abierto ni visible, sino una infraestructura oculta que apuntaba directamente hacia el interior del establecimiento penitenciario, en un contexto marcado por denuncias de extorsión y coordinación delictiva desde centros de reclusión.
La detección de ese flujo irregular activó una intervención estatal enfocada en el control de las telecomunicaciones en zonas sensibles. Las autoridades pusieron la lupa sobre estructuras técnicas que operan fuera del marco normativo y que permiten enlaces de datos sin supervisión desde espacios bajo custodia del Estado.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso un operativo de fiscalización en el perímetro del penal, con participación directa de su máxima autoridad. La acción no solo tuvo como objetivo retirar equipos ilegales, sino reforzar la presencia del Estado frente a redes que sostienen actividades delictivas.
La operación se desarrolló en un entorno considerado crítico para la seguridad ciudadana. En ese marco, el control de las señales de comunicación fue señalado como un componente clave para interrumpir canales que facilitan delitos como la extorsión a transportistas en el Callao.
OPERATIVO EN EL ENTORNO DEL PENAL
El MTC reforzó las acciones de detección e incautación de infraestructura ilegal de telecomunicaciones en las inmediaciones del establecimiento penitenciario Sarita Colonia. La medida se inscribe en la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad mediante el control efectivo de las señales de comunicación.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, participaron del operativo de fiscalización. La presencia de ambos funcionarios permitió supervisar en campo los procedimientos técnicos y verificar el retiro de equipos que operaban sin autorización.
Durante la intervención, los equipos especializados identificaron antenas y dispositivos que direccionaban la señal de internet hacia el interior del penal. Estas conexiones permitían enlaces de datos al margen de los sistemas de bloqueo instalados en los centros penitenciarios.
El titular del sector explicó el sentido de la operación. “Prevenir las comunicaciones ilícitas constituye una acción directa para combatir las extorsiones a transportistas del Callao”, sostuvo durante la jornada, al detallar que se viene reforzando el control del uso de las telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
ANTENAS, ENRUTADORES Y COORDINACIÓN POLICIAL
El ministro Aldo Prieto precisó que durante el operativo se logró incautar equipos enrutadores, encaminadores, amplificadores y sistemas de alimentación que permitían orientar la señal hacia el penal Sarita Colonia, lo que frenaría cualquier intento de comunicación ilícita desde el interior.
La intervención se ejecutó de manera articulada con la Policía Nacional del Perú. Mientras el personal técnico del MTC se concentró en la identificación de equipos y frecuencias, la PNP cumplió labores de resguardo y control del área para asegurar el retiro de la infraestructura detectada.

En paralelo, se confirmó que una antena clandestina instalada en una bodega a solo cuatro cuadras del penal habría proporcionado señal de Wi-Fi a más de 3,000 internos. En la azotea del inmueble se hallaron equipos especializados que dirigían la conexión ilícita hacia el establecimiento penitenciario.
El exministro del MTC, Raúl Pérez Reyes, confirmó la gravedad del hallazgo y señaló que estas acciones buscan cortar comunicaciones ilegales vinculadas a extorsiones que afectan a transportistas de la región.
Como balance, el sector informó que solo durante el 2025 se ejecutaron más de 100 operativos de fiscalización y se incautaron 137 equipos ilegales a nivel nacional, superando la meta anual prevista.
Para el 2026, el MTC prevé realizar acciones de fiscalización inopinadas en 24 centros penitenciarios del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas y evitar que nuevas redes ilegales restablezcan canales de comunicación no autorizados. El caso de Sarita Colonia se inserta así en una política sostenida de control de las telecomunicaciones en zonas donde la seguridad ciudadana enfrenta mayores desafíos.
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