Un civil pudo comprar en apenas 10 minutos y por S/210 un uniforme completo similar al utilizado por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), con distintivos, bandera peruana, galones y hasta la posibilidad de bordar un nombre, sin demostrar que pertenecía a la Policía Nacional del Perú. La facilidad quedó expuesta tras el crimen y secuestro ocurrido en Trujillo, donde los delincuentes utilizaron prendas policiales para ejecutar un falso operativo.
La compra fue realizada por un equipo periodístico del programa ‘Sin Rodeos’ en un establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Francisco Pizarro con prolongación Tacna, en el Rímac. Aunque, en teoría, el comprador debería identificarse como efectivo policial, en este punto no se le exigió ningún documento que acreditara su pertenencia a la institución.
El uniforme adquirido podía incluir los elementos que permiten reconocer a un agente. Distintivos policiales, bandera peruana y galones fueron entregados junto con la posibilidad de colocar un nombre mediante bordado. Todo el proceso demandó apenas unos minutos.
El caso resulta especialmente preocupante por lo ocurrido en Trujillo. En aquella operación criminal, los atacantes se vistieron con uniformes policiales para acercarse a sus víctimas, ejecutar una falsa intervención y posteriormente desechar las prendas utilizadas durante el ataque.
De acuerdo con el informe periodístico, en los alrededores del cruce de Francisco Pizarro con prolongación Tacna existen establecimientos dedicados a la venta de indumentaria policial. El problema radica en que el supuesto requisito de acreditar la condición de policía no se estaría aplicando en todos los casos.
Carlos Tuse, exdirector de investigaciones de Inspectoría, cuestionó que estas prendas puedan ser adquiridas sin mecanismos efectivos de control. Advirtió que la situación incrementa la sensación de inseguridad y planteó dudas sobre la posibilidad de conocer si se fabrican prendas adicionales a las que oficialmente entrega la institución.
La preocupación adquiere otra dimensión si se considera el presupuesto destinado por el Estado. En 2025, la Policía Nacional del Perú tuvo asignados 38.9 millones de soles para uniformes, vestuario y calzado a nivel nacional.
Desde mayo de 2025 se encuentra vigente la Ley N.° 32329, que creó un registro de proveedores autorizados para fabricar y comercializar uniformes policiales. La legislación establece que solo los establecimientos inscritos ante el Ministerio del Interior pueden vender estas prendas.
Los vendedores, además, tienen la obligación de verificar que quien compra pertenezca realmente a la Policía Nacional. Para ello deben solicitar el carné de identidad policial, comprobar la placa insignia correspondiente y registrar los datos de la operación.
La norma también contempla sanciones penales. Fabricar uniformes policiales sin autorización o comercializarlos fuera del sistema establecido puede generar penas de cuatro a seis años de prisión, además del decomiso de la mercadería.
La misma sanción puede aplicarse a quienes vendan estas prendas a personas ajenas a la institución o incumplan la obligación de verificar correctamente la identidad del comprador.
El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que se tomarán medidas frente a lo evidenciado. “Ante este diagnóstico, se va a restringir y serán las unidades que tiene la PNP, Logística, a través de la administración respectiva, las que restringirán a estas personas que venden”, apuntó.
La propia Ley de la Policía Nacional establece que los uniformes, placas y distintivos son implementos de uso exclusivo del personal policial. El Reglamento General de Uniformes también prohíbe que civiles utilicen prendas oficiales o accesorios que permitan identificar a la institución.
Sin embargo, el informe de ‘Sin Rodeos’ dejó una escena difícil de ignorar: un civil ingresó a un establecimiento, pagó S/210 y, diez minutos después, salió con una indumentaria policial completa.
El caso cobra particular relevancia después del secuestro del empresario minero en Trujillo. Los delincuentes aprovecharon precisamente la apariencia de autoridad que otorga un uniforme policial para montar una falsa intervención y acercarse a sus víctimas.
Mientras la Policía anuncia medidas para reforzar las restricciones, la facilidad con la que estas prendas pueden llegar a manos equivocadas vuelve a abrir una pregunta incómoda: ¿de qué sirve una norma que exige controles si un uniforme policial todavía puede conseguirse por S/210 y sin acreditar quién lo compra?
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